La Sala I del tribunal rechazó el recurso de los acusados que pretendían derivar el expediente a la justicia provincial tucumana, ratificando así el procesamiento de Norberto Manzano y Carlos Rojas (fallecido recientemente, aunque la causa sigue contra Manzano) por ocultar información crítica sobre el destino de la joven desaparecida en 2002.

El eje de la disputa es la denominada "carpeta de Marita Verón". Según la denuncia que dio origen a esta línea investigativa en 2023, Norberto Manzano —entonces secretario general del gremio de personal jerárquico del agua y la energía (APJAE)— habría manifestado en una reunión gremial poseer una carpeta con fotografías del cuerpo sin vida de Marita Verón. Estas imágenes habrían sido tomadas presuntamente en la morgue del sanatorio Luz Médica y habrían sido utilizadas como una herramienta de extorsión en una puja de poder sindical contra el fallecido dirigente de Luz y Fuerza, Julio Luna.

El intento de la defensa por pasar la causa a la órbita provincial buscaba, según la querella encabezada por Susana Trimarco, fragmentar la investigación. Sin embargo, Casación determinó que, al tratarse de un delito vinculado a la trata de personas —considerado un delito continuo y permanente mientras la víctima no aparezca—, la competencia corresponde estrictamente a la Justicia Federal. Esta decisión garantiza que la investigación mantenga su independencia de las estructuras de poder locales que han sido señaladas por encubrimiento durante dos décadas.

A pesar de que el imputado Carlos Rojas falleció durante el proceso, la justicia mantiene el foco sobre Manzano por el delito de encubrimiento agravado. Las escuchas telefónicas y los testimonios recolectados por el fiscal federal Agustín Chit sugieren que el pacto de silencio sindical fue la clave para mantener oculta esta información durante años, utilizándola solo para intereses espurios de la interna gremial.

Desde la Fundación María de los Ángeles celebraron el fallo, considerándolo un espaldarazo a la lucha de Trimarco. La resolución no solo permite que se sigan buscando las fotografías y la documentación mencionada, sino que abre la puerta a nuevas indagatorias sobre quiénes permitieron el ingreso de cámaras a una morgue privada para fotografiar el cuerpo de una víctima de trata.