El origen de la actual parálisis institucional en el Estado Plurinacional de Bolivia radica en la devaluación del capital político que consagró a la fórmula presidencial en la segunda vuelta electoral en 2025. El analista Ademar Valda explicó que el binomio ganador del partido PDC obtuvo el triunfo gracias al respaldo unánime de los movimientos campesinos frente a las opciones de la ultraderecha. No obstante, una vez asumido el mando, el presidente Rodrigo Paz Pereira desplazó a su vicepresidente Edman Lara para tejer alianzas con los terratenientes de Santa Cruz. "Hay un descontento social popular que se está dando en contra del gobierno de Paz", sentenció el especialista para dimensionar la ruptura.
El malestar latente se transformó en insurrección abierta cuando el Poder Ejecutivo impulsó la Ley 1720, un proyecto que amenazaba el histórico estatuto jurídico que protege a los pequeños productores agrarios. La Constitución boliviana blinda las parcelas comunitarias declarándolas inembargables para garantizar la soberanía de los pueblos originarios, una conquista social que la nueva ley pretendía suprimir de raíz. Valda advirtió que la norma buscaba viabilizar la mutación de la pequeña propiedad a mediana propiedad, facilitando que los grandes capitales agroindustriales absorbieran los territorios minifundistas. La medida generó un inmediato rechazo que movilizó masivamente a los departamentos amazónicos de Pando y Beni.
La resistencia civil adquirió un carácter crítico con la incorporación activa de los Ponchos Rojos, una histórica organización aimara caracterizada por su tradición de combate frente a los avasallamientos estatales. Las bases indígenas iniciaron un severo cerco geográfico sobre La Paz, bloqueando los accesos clave desde los valles y las zonas de producción hacia la capital. "Ellos están desconociendo a este gobierno porque se sienten traicionados, se sienten engañados", pormenorizó el sociólogo respecto a la moral de las protestas. El quiebre definitivo de los canales de diálogo se produjo tras la represión de los bloqueos, donde las comunidades denunciaron la existencia de dirigentes muertos.
Frente a la masiva movilización de quechuas, aimaras y cocaleros que descendieron desde la ciudad de El Alto, el gobierno central optó por implementar una estrategia de judicialización extrema. La Fiscalía general activó órdenes de aprehensión contra las principales autoridades de la Central Obrera Boliviana bajo cargos de instigación pública a delinquir y terrorismo de Estado. Valda cuestionó severamente este diagnóstico oficial al asegurar que el Ejecutivo realiza una lectura errónea de la realidad al criminalizar la protesta económica genuina. Según el analista, la persecución de los liderazgos sociales no desinflará el conflicto, sino que actuará como un incentivo directo para profundizar las medidas de fuerza.
La crisis interna boliviana trascendió las fronteras nacionales y provocó una inmediata polarización en el tablero diplomático latinoamericano debido al giro radical en la política exterior de Paz Pereira. Gobiernos conservadores y de derecha de la región, junto a la embajada de Estados Unidos, emitieron comunicados conjuntos respaldando el accionar del mandatario frente a los bloqueos civiles. En las antípodas de este posicionamiento, Colombia denunció ante la comunidad internacional la existencia de una insurrección popular legítima y propuso formalmente una mesa de negociación externa.
Para desactivar una escalada de violencia que ya se extiende de forma alarmante hacia los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, el analista postula la necesidad de un viraje institucional. La pacificación duradera del territorio no se conseguirá mediante la aplicación de esquemas represivos federales, sino a través del restablecimiento de los compromisos asumidos con las bases populares. "Lo que debe hacer el gobierno es convocar a un gran pacto nacional, pero con los sectores que lo apoyaron", concluyó Valda de forma taxativa.
