Aunque legalmente la oposición de la víctima no tiene un peso vinculante para frenar un juicio abreviado en esta instancia, Pelli y su letrado, Juan Colombres Garmendia, utilizaron la audiencia para visibilizar lo que consideran un proceso plagado de omisiones.

Las claves del acuerdo y las restricciones

El pacto alcanzado entre la Fiscalía y la defensa de Segura establece que el imputado no irá a prisión, sino que cumplirá una condena de ejecución condicional. Para mantener su libertad, deberá acatar una serie de reglas por el término de tres años:

Fijar residencia y someterse al control del patronato de internos.

Prohibición absoluta de acercamiento y contacto con la víctima.

Abstenerse de consumir sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas.

 "Nos ignoraron": La dura denuncia de la víctima

Para Federico Pelli, el cierre de la causa deja un sabor amargo y una profunda sensación de injusticia. Según denunció en la propia audiencia, el Ministerio Público ignoró sistemáticamente sus solicitudes de información, enterándose de los detalles de las normas de conducta y de la pena de tres años de manera casi fortuita.

"Hay una desaparición de pruebas evidente. Nunca se investigó a los acompañantes de Segura, ni el sospechoso accionar policial el día del hecho. Tampoco se hizo un seguimiento real de mi estado de salud tras la agresión", reclamó Pelli con indignación.

Por su parte, el abogado querellante, Juan Colombres Garmendia, fue tajante al sostener que la Justicia avanzó a espaldas del sufrimiento de su asistido. El letrado remarcó que nunca se evaluó correctamente la extensión del daño físico y psicológico causado, y cuestionó la llamativa falta de acceso a medidas de prueba clave. "No pudimos acceder a pericias fundamentales, como el análisis del teléfono celular del imputado o la identificación de las personas que lo acompañaban al momento del ataque", señaló.

Próximos pasos judiciales

Con el debate cerrado y las cartas sobre la mesa, la decisión final quedó en manos del juez Raúl Robin Márquez. El magistrado deberá evaluar los términos del acuerdo y dictar la sentencia definitiva dentro de las próximas 48 horas. La resolución se notificará de forma virtual, poniendo fin a una etapa procesal que, lejos de traer paz, dejó abiertos serios interrogantes sobre las garantías del sistema penal para con las víctimas de violencia.