La controversia se profundizó luego de que el Gobierno nacional avanzara con nuevas medidas sobre los históricos complejos de Chapadmalal (Buenos Aires) y Embalse (Córdoba). Ambos predios fueron desarrollados a fines de la década de 1940 con el objetivo de asegurar vacaciones accesibles a familias trabajadoras, jubilados y estudiantes.
La postura bonaerense: "No vamos a permitir que rematen nuestra historia"
Desde el gabinete de Kicillof, las respuestas no se hicieron esperar. El ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, se alineó con los reclamos del gobernador y fue tajante sobre el futuro del predio costero: "No vamos a permitir que rematen nuestra historia ni que conviertan un derecho en el negocio de unos pocos inmobiliarios".
El funcionario provincial justificó el pedido de traspaso argumentando la necesidad de proteger las fuentes de trabajo y el acceso popular a las playas: "Si la Nación abandona sus responsabilidades, la Provincia defiende el patrimonio de los argentinos", sentenció.
El plan de la Casa Rosada: Concesiones y reducción de costos
Por su parte, el Ejecutivo nacional, bajo la órbita de la Secretaría de Turismo y la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), defendió el cambio de rumbo argumentando la necesidad de atraer inversiones privadas y recortar el gasto de mantenimiento estatal.
El plan oficial contempla diferentes destinos para los complejos:
Chapadmalal: El espacio libertario confirmó la intención de concesionar el predio por un plazo de 30 años a operadores privados.
Embalse: El complejo cordobés fue transferido formalmente a la AABE, organismo encargado de gestionar los inmuebles estatales, aunque por el momento no se ha comunicado oficialmente cuál será su destino definitivo.
Denuncias de vaciamiento y conflicto gremial
En paralelo a la disputa política, sindicatos y delegados de los trabajadores advirtieron sobre un presunto proceso de vaciamiento y paralización total de actividades en las unidades turísticas.
Impacto laboral: Según fuentes gremiales y reportes nacionales, la reestructuración ya ha afectado a un número de entre 101 y 103 personas, incluyendo despidos de personal contratado y pases a disponibilidad de empleados de la planta permanente.
La pulseada entre La Plata y Balcarce 50 promete sumar nuevos capítulos judiciales y políticos, mientras se define el futuro de dos de los emblemas más significativos del turismo social en la Argentina.
