La diputada nacional Yamila Ruiz, del bloque Innovación Federal, presentó un proyecto de ley para endurecer las penas contra funcionarios públicos que cometan delitos durante su mandato o en ocasión de sus funciones, mediante la incorporación del artículo 41 sexies al Código Penal.

La iniciativa establece que, en esos casos, la escala penal correspondiente se incrementará en un tercio tanto en su mínimo como en su máximo, incluyendo también los delitos en grado de tentativa. El agravante alcanzará a un amplio universo de cargos, desde presidente y vicepresidente hasta legisladores, gobernadores, intendentes, concejales y ministros de los distintos niveles de gobierno.

El texto de la legisladora misionera precisa que el criterio se aplicará durante todo el período de mandato, incluso en momentos de inactividad formal, y aclara que no se sumará cuando esa circunstancia ya esté contemplada como agravante específico dentro del tipo penal correspondiente.

En los fundamentos, Ruiz sostiene que la medida apunta a reforzar la responsabilidad, la transparencia y la confianza pública en las instituciones, al considerar que los delitos cometidos por funcionarios tienen un impacto más profundo sobre el sistema democrático.

Asimismo, la legisladora argumenta que la propuesta no se limita a ilícitos contra la administración pública, sino que abarca todos los delitos contemplados en el Código Penal, en atención a la especial responsabilidad que implica el ejercicio de la función pública.

La iniciativa también se apoya en compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de lucha contra la corrupción, como la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que promueven la adopción de sanciones más severas para estos casos.