La conducción nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acudió a la Corte Suprema para apelar la resolución adoptada por la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que anuló el proceso electoral en la seccional bonaerense y habilitado la intervención.

El recurso legal incluye además una presentación ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires y un recurso extraordinario federal contra el fallo de la Sala VIII. Desde el sindicato sostienen que las decisiones judiciales adoptadas en el expediente presentan serias inconsistencias y vulneran garantías fundamentales.

Entre los principales cuestionamientos, la UOM señala presuntas irregularidades en el tratamiento de recusaciones planteadas durante el proceso. La conducción considera que se afectaron principios como el debido proceso, el derecho de defensa y la autonomía sindical, protegidos tanto por la legislación argentina como por convenios internacionales.


En paralelo, el gremio intenta evitar que la intervención alcance a la obra social Osuomra. Según argumentó en sede judicial, la entidad sanitaria cuenta con autoridades, estructura administrativa y mecanismos de control propios, por lo que no debería quedar bajo la órbita del interventor designado, Alberto Biglieri.

La tensión se incrementó en las últimas semanas tras la llegada del interventor a la sede central de la organización. Desde la conducción metalúrgica observaron con preocupación la participación de exfuncionarios vinculados a las gestiones de Cambiemos y de La Libertad Avanza, un hecho que alimentó las sospechas sobre un posible componente político detrás de una disputa que ya se convirtió en uno de los conflictos sindicales más relevantes del año.

La intervención judicial de la UOM tiene su origen en las elecciones realizadas en la seccional Campana entre el 2 y el 4 de marzo. Tras una serie de impugnaciones presentadas por sectores opositores, la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo resolvió declarar la nulidad de esos comicios al considerar que no existieron condiciones suficientes para garantizar un proceso electoral transparente.

En su fallo, los jueces Víctor Pesino y María Dora González concluyeron que las supuestas irregularidades detectadas comprometieron la confiabilidad del acto electoral. Entre otros puntos, cuestionaron el sistema utilizado para el resguardo y el escrutinio de los votos durante los tres días que duró la elección, al entender que afectó la objetividad del procedimiento y vulneró principios básicos de democracia sindical.