Según versiones surgidas en los pasillos de la Cámara, el vicegobernador Miguel Acevedo convocó a una legisladora de la oposición para constatar la veracidad de los rumores. Una vez confirmado el lazo afectivo de la trabajadora con uno de los sospechosos, el titular del cuerpo legislativo dispuso de inmediato el cese de la relación laboral. Las fuentes señalaron que Acevedo buscó de forma tajante evitar que la institución quede salpicada o asociada a una investigación por narcotráfico de semejante envergadura.

Cabe destacar que, hasta el momento, la mujer desvinculada no se encuentra imputada, mencionada ni formalmente vinculada por la Justicia Federal en la causa. La drástica medida de las autoridades legislativas respondió estrictamente al plano preventivo y al lazo personal directo con uno de los acusados.

El segundo nexo político del caso

Este desplazamiento representa el segundo puente entre la política local y la investigación por el cargamento narco. Días atrás, el caso ya había ganado relevancia pública al confirmarse que uno de los principales detenidos, Rodrigo Cristian "Icha" Chávez, fue candidato a concejal de Famaillá en las últimas elecciones por el Movimiento de Unidad Popular (MUP), una línea interna liderada en la provincia por Luis Romano, dirigente oriundo de Juan Bautista Alberdi.

Mientras el tablero político se acomoda tras el impacto, la investigación penal encabezada por el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz avanza a paso firme. El objetivo principal de la Justicia es terminar de desarticular la organización criminal que estuvo detrás del traslado del millonario cargamento de droga, el cual fue interceptado originalmente por personal de Gendarmería Nacional en un operativo sobre la Ruta Nacional 157.