En un fallo que generó profunda preocupación en el ámbito judicial, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán anuló la condena contra Franco Trapani y Álvaro Rodríguez, absolviéndolos por el beneficio de la duda. El abogado querellante, Carlos Garmendia, calificó la decisión como “técnicamente cuestionable” y advirtió que la resolución contradice la propia jurisprudencia que el tribunal había construido en casos de abuso sexual.
Según la querella, el fallo desestima el uso de la perspectiva de género como herramienta de interpretación probatoria, pese a ser una exigencia legal en estos procesos. La defensa de la víctima sostiene que la sentencia de primera instancia, dictada por el juez Gutiérrez, había realizado una valoración integral de las pruebas, incluyendo informes médicos y pericias psiquiátricas que acreditaban el hecho. En contraposición, la Corte argumentó que el procedimiento fue equivocado, lo que, según el abogado querellante, implica “tirar a la basura la construcción jurisprudencial que la misma Corte ha venido haciendo”.
Esta postura reavivó el debate sobre el acceso a la justicia y la protección efectiva de las víctimas en los procesos penales. La celeridad del tribunal también ha sido un punto central de sospecha, dado que el fallo se produjo en solo tres meses, un plazo inusitadamente breve frente a otros expedientes que llevan años sin resolución. En este sentido, el abogado querellante denunció una presunta influencia externa, mencionando que un comunicador local anticipó la absolución en un programa de streaming antes de que la resolución fuera pública. “Yo no puedo dejar de pensar que ha habido acá una influencia; es una sentencia tremendamente cuestionable”, enfatizó el letrado.
A lo largo de los casi diez años que separan el hecho de la resolución actual, la causa enfrentó obstáculos técnicos, incluyendo el robo de pruebas en la fiscalía y la imposibilidad de peritar teléfonos celulares y discos rígidos con grabaciones de seguridad. Sin embargo, la querella asegura que los informes periciales escritos sobre las cámaras pudieron ser valorados durante el debate. Pese a estos inconvenientes logísticos y probatorios, los representantes de la víctima consideran que el fallo ignora elementos clave que ya habían sido validados en instancias previas.
Ante este escenario, Garmendia confirmó que no dejará el caso en esta instancia y buscará revertir la decisión en el ámbito nacional. “Tenemos un recurso extraordinario federal y lo vamos a trabajar y plantear directamente”, adelantó el abogado, reafirmando su intención de llevar el reclamo ante la Corte Suprema de la Nación. La estrategia busca que el máximo tribunal del país revise los fundamentos de una sentencia que, a juicio de los querellantes, aleja al Poder Judicial de las necesidades y la realidad de la sociedad tucumana.
El impacto de este fallo no solo radica en la libertad de los imputados, sino en el mensaje que envía sobre la valoración de la prueba en delitos contra la integridad sexual. El caso se ha convertido en un símbolo de la lucha contra la impunidad, planteando interrogantes sobre el compromiso del sistema judicial con la aplicación de la perspectiva de género. Mientras tanto, la querella se mantiene en alerta, preparando los fundamentos para el recurso ante la Nación, en una causa que ya acumula una década de búsqueda de justicia y reparaciones.
