El exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, tendrá al menos las dos semanas que dura la feria judicial de invierno para preparar las explicaciones que deberá dar a la justicia.

La fiscalía, a cargo de Gerardo Pollicita, espera el informe de la DAFI, y así se completará la primera parte de la investigación que culminará con el requerimiento de justificación patrimonial.

El requerimiento, que implica la convocatoria de Adorni a explicar las inconsistencias detectadas, será firmado en agosto luego de la feria judicial y una vez evaluado en profundidad el informe del organismo especializado.


Entre las últimas medidas dispuestas por el fiscal está el pedido a la DAFI, para que elabore un informe integral sobre la evolución patrimonial y financiera del exfuncionario y su esposa Betina Angeletti.

Del 20 al 31 de julio es la feria judicial de invierno, y la actividad vuelve a la normalidad el 3 de agosto. Para esa fecha, se estima que Pollicita dará a conocer el requerimiento para que Adorni justifique sus bienes.

La investigación ya sumó numerosas pruebas, gastos que superan los 400 mil dólares, deudas por 335 mil dólares, consumos con tarjetas de crédito propias y con los plásticos que le facilitaban funcionarios y amigos del área de Comunicación del gobierno.

Pasaron por la fiscalía varios testigos que lo comprometieron, entre ellos uno clave: el contratista Matías Tabar que refaccionó la casa de Indio Cuá, y de cuyo teléfono apareció prueba determinante.

En el expediente figuran compras, gastos millonarios en viajes y adquisiciones lujosas como la ropa blanca por 8 millones de pesos, una cascada para la pileta de la casa en el country, proyectores para videojuegos.

Los hallazgos llevaron a los investigadores a la hipótesis que desde que llegó a la función pública en diciembre de 2023, Manuel Adorni comenzó una vida muy por encima del estándar al que estaba acostumbrado antes de ser designado como vocero presidencial.

Ante los medios, Adorni aseguró que su patrimonio proviene de "ahorros en negro" previos a la función pública, ganancias por inversiones en Bitcoin desde 2012 y dinero heredado. Pero ante la justicia deberá explicar punto por punto el requerimiento que el fiscal está preparando.