La Justicia de Estados Unidos secuestró el celular del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, antes de emprender el vuelo de regreso a la Argentina, según publicó el sitio Infobae.
El titular de la AFA deberá presentarse ante la Corte del distrito sur de Florida el próximo 30 de julio. Es a raíz de la causa que investiga los contratos comerciales de la entidad madre del fútbol argentino.
Además, Tapia deberá aportar información de sus comunicaciones con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, Diego Lucero y Javier Faroni.
Tourprodenter es la empresa involucrada que funciona como agente comercial de la AFA y tiene como uno de sus principales actores a Faroni.
El accionar del FBI fue previo a que subieran al avión que los iba a trasladar al país, tras la derrota en la final del Mundial 2026 contra España.
Los fiscales, detalla Infobae, reconstruyen maniobras con operaciones que superarían los 300 millones de dólares.
Quienes están detrás de la investigación son los fiscales federales especializados en delitos financieros: Patrick Gushue, Christopher Ting y Michael Berger.
La AFA, mediante un comunicado firmado por el abogado Gregorio Dalbón, negó la información. “Es rotundamente falso”, indicó el letrado y agregó: “Ninguno de los episodios descriptos tuvo lugar”.
Más allá de los pormenores del operativo realizado en el aeropuerto de Nueva York, el procedimiento confirma que Tapia y otros dirigentes argentinos ya se encuentran bajo investigación del distrito sur de Florida.
El escándalo y una declaración clave
La investigación que ahora derivó en la incautación de teléfonos y dispositivos electrónicos comenzó a tomar forma durante el Mundial. Mientras Claudio “Chiqui” Tapia y la cúpula de la AFA acompañaban a la Selección en Estados Unidos, agentes del FBI y fiscales del Departamento de Justicia comenzaron a reconstruir las maniobras realizadas mediante la estructura financiera utilizada para administrar los contratos comerciales internacionales de la entidad. Las operaciones bajo análisis superan los 300 millones de dólares.
Uno de los primeros pasos conocidos de la pesquisa fue la citación del empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un enfrentamiento judicial con la AFA y denunció el funcionamiento de esa estructura comercial.
El encuentro se realizó de manera presencial en Miami, se extendió durante más de dos horas y estuvo orientado a obtener información y documentación sobre el movimiento de fondos a través de bancos y sociedades radicadas en territorio estadounidense.
La investigación está encabezada por tres fiscales federales especializados en delitos económicos y financieros. Se trata de Patrick Gushue y Christopher Ting, radicados en Washington, y Michael Berger, integrante de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida.
Gushue forma parte de la Unidad de Integridad Bancaria del Departamento de Justicia, mientras que Berger cuenta con experiencia en causas complejas de lavado de activos.
Las medidas conocidas inicialmente no implicaban la existencia de imputaciones ni la apertura formal de una causa penal.
Los investigadores se encontraban en una etapa preliminar destinada a reconstruir el circuito completo del dinero, identificar a las personas y sociedades que intervinieron, determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las transferencias y establecer si alguna de las operaciones puede configurar delitos bajo la legislación de los Estados Unidos.
