Este miércoles se llevó a cabo una audiencia solicitada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, conducida por Gerardo Salas, con el fin de formular los cargos correspondientes en una causa por estafa y solicitar medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de seis meses.
De acuerdo con la acusación sostenida por el auxiliar de fiscal Juan José Ibañez, los hechos comenzaron a gestarse a mediados de diciembre de 2024. El acusado, aprovechándose del vínculo de confianza que lo unía al damnificado por relaciones familiares, le ofreció en venta una camioneta Renault Duster, presentándose falsamente como intermediario habilitado para la operación y para tramitar un crédito prendario ante el Banco Santander.
El engaño y la maniobra defraudatoria
Para generar la convicción de una operación legítima e inminente, el imputado trasladó el rodado hasta su domicilio y le permitió a la víctima conducirlo a modo de prueba.
Primera transferencia: El 27 de diciembre de 2024, tras el ensayo, le requirió una seña de $1.000.000 mediante una transferencia a la cuenta de su esposa. Pese a que la verdadera titular nunca lo había autorizado a vender el vehículo ni a percibir dinero, la víctima realizó el pago inducida al error.
Recibo apócrifo: Ese mismo día, el estafador confeccionó un comprobante trucho por el millón de pesos. Hizo figurar a la dueña real como otorgante, insertó un DNI falso y falsificó su firma. El documento fue enviado por WhatsApp para reforzar la mentira.
Segundo pago: El 30 de diciembre, el encartado le exigió $400.000 adicionales como adelanto bajo el pretexto de cubrir supuestos gastos bancarios y de transferencia por $829.140. Dichos trámites jamás se iniciaron en la entidad crediticia.
Respuestas evasivas y perjuicio total
Entre enero y marzo de 2025, ante los reiterados reclamos del comprador, el imputado lo mantuvo con respuestas evasivas y sucesivas excusas sobre el estado del trámite, la verificación técnica y la disponibilidad de la titular. Incluso llegó a aducir falsamente que el dinero ya le había sido entregado a la dueña y que esta se negaba a devolverlo.
Toda la maniobra delictiva le causó a la víctima un perjuicio patrimonial total de $1.400.000 en directo beneficio del acusado, quien ahora deberá afrontar el proceso judicial bajo las medidas de coerción dispuestas por la Justicia.
