La interrupción definitiva del programa nacional "Volver al Trabajo" generó una profunda alarma en la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) por las graves consecuencias sociales. La medida gubernamental implica el cese inmediato de los depósitos mensuales afectando a casi un millón de beneficiarios en todo el territorio argentino. “Ya no se cobra más el 'Volver al Trabajo' y el 5 de agosto las personas que lo venían percibiendo dejan de cobrarlo sin que exista ningún depósito programado para este mes”, advirtió Laura Cibelli, integrante de la Mesa Ejecutiva Nacional de UTEP, quien remarcó que tampoco hubo ampliaciones ni aperturas en los programas de acompañamiento social.
La provincia de Tucumán se ubica entre las jurisdicciones más golpeadas del país por la suspensión de esta asignación, registrando más de 56.400 trabajadores informales perjudicados directamente por el recorte fiscal. Esta quita de ingresos familiares resta una masa importante de recursos al circuito comercial de proximidad en los barrios. “Le están recortando a la economía local porque esas más de 56 mil personas compran en el almacén de la esquina, pagan alquileres y consumen alimentos en Tucumán”, argumentó Cibelli, al tiempo que enfatizó el deterioro gradual que provocará la pérdida de este ingreso básico de 78 mil pesos congelado desde el inicio de la gestión.
Desde la organización social cuestionaron la lentitud de los procesos en la Justicia federal luego de que la Cámara revocara la medida cautelar que frenaba la baja de los programas sociales comunitarios. Las presentaciones legales continúan su curso mientras las entidades comunitarias sostienen sus reclamos ante las autoridades nacionales y provinciales. “El pedido nuestro sigue en términos judiciales pero los tiempos de la justicia son lentísimos y el argumento de la Cámara tiene tintes políticos al tratarlo como un mero problema administrativo”, recriminó la dirigenta, llamando a los gobernadores a presionar formalmente para revertir la quita de fondos destinados a las cocineras de los comedores populares.
Por otra parte, la UTEP remarcó que este ajuste a los sectores más precarizados no representa una mejora en las cuentas públicas y contrapuso el ahorro estatal con las exigencias de organismos financieros internacionales. La eliminación de estas herramientas de contención destruye la red territorial que sostiene a las familias en extrema vulnerabilidad. “En qué le va a mejorar la vida a un laburante este recorte que es apenas el 0,1% del PBI; es una decisión política de ajustar a los más vulnerables para pagarle al Fondo Monetario Internacional”, afirmó Cibelli, señalando que la falta de presencia estatal destruye además la cohesión comunitaria en los barrios.
Finalmente, la referente advirtió que la retirada del Estado y de las organizaciones comunitarias deja el campo libre para la penetración del crimen organizado en los sectores de menores recursos. La sustitución de la asistencia institucional por la asistencia del crimen representa un grave problema de seguridad y de perspectiva social a futuro. “Cuando la organización comunitaria se corre del territorio quien avanza es el narco, que no solo crece en consumo sino en poder real al ser el que termina prestando plata o comprando remedios”, concluyó Cibelli, remarcando que recuperar a una persona dañada por las redes del narcotráfico resulta un desafío extremadamente complejo.
La referente nacional Laura Cibelli alertó por el fin de los depósitos a partir de agosto, la paralización de la economía local, el avance del narcotráfico en los barrios populares y la lentitud judicial. En Tucumán, unas 56 mil personas se verán afectadas.
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