El Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (ERSEPT) enfrenta un complejo escenario tras la confirmación de medidas de protesta impulsadas por la Asociación de Trabajadores del ERSEPT (ATERET). El gremio inició un esquema de quita de colaboración que paralizó la atención al público, las inspecciones territoriales y el procesamiento de expedientes en toda la provincia. La dirigencia denunció la caída intempestiva de contratos de personal abocado a tareas esenciales, la falta de cobertura de vacantes históricas y una parálisis administrativa derivada de disputas internas en la cúpula de la intervención estatal.
"Hay una desidia total, tenemos compañeros que hacen tareas esenciales a quienes se les vencieron los contratos y no se los han renovado; denuncian persecución y hay jefes de áreas que expusieron irregularidades y terminaron amenazados de muerte, con causas en la justicia penal", afirmó Fabián Frías sobre la gravedad de la situación institucional.
La representación sindical cuestionó severamente los criterios de gestión aplicados en la cobertura de cargos y las contrataciones del organismo regulador. Según la conducción gremial, mientras se desatiende la continuidad de trabajadores con más de una década de antigüedad y se traban pagos de beneficios previsionales o sociales, se incorporan nuevos cuadros sin respetar la normativa provincial vigente. Esta dinámica generó malestar entre el personal de planta permanente y transitoria, que reclama la readecuación de las escalas jerárquicas mediante el corrimiento de categorías antes del pase a retiro de agentes históricos.
"Cada vez que se genera una vacante la ocupan con los más directos de ellos y no piensan en compañeros con 10 o 15 años de trabajo; no le renuevan a la gente que hace tareas indispensables pero sí toman gente nueva, violando los decretos provinciales que fijan los criterios para nuevos contratos", denunció el referente de ATERET al detallar la discrecionalidad administrativa.
Asimismo, Frías expuso las implicancias judiciales que afrontan los cuadros directivos y empleados tras el archivo inicial de denuncias penales por hostigamiento y coacciones. Explicó que la revisión solicitada ante las autoridades judiciales permitió elevar las actuaciones a la fiscalía regional para profundizar las investigaciones sobre los funcionarios involucrados. El dirigente remarcó que, a pesar de las notificaciones e intimaciones legales dirigidas hacia su persona, la conducción gremial mantendrá los reclamos hasta obtener respuestas concretas por parte de las autoridades competentes del Poder Ejecutivo.
"A mí en lo personal me metieron una medida judicial, pero a pesar de eso no me van a callar; hay una medida donde el juez determinó que la causa elevada por amenazas se investigue en la fiscalía regional porque la investigación original pretendía ser archivada sin resolver el fondo del asunto", aseveró Frías al ratificar las acciones judiciales en curso.
El plan de lucha resentirá el seguimiento de los reclamos tarifarios y la fiscalización del suministro eléctrico y de agua en los municipios del interior provincial. Desde el sindicato insistieron en que la intención del personal es retomar la labor cotidiana en defensa de los usuarios, pero responsabilizaron a la conducción del ente por empujar al colectivo de trabajadores a las medidas de acción directa. En este contexto, solicitaron la mediación de las autoridades provinciales para destrabar el conflicto salarial y laboral antes de profundizar el cese de actividades.
El secretario general de ATERET, Fabián Frías, expuso la paralización de servicios tras el inicio de medidas de fuerza por no renovación de contratos y denuncias penales por amenazas por parte de las autoridades del Ente.
Más noticias
Según Milei, su gobierno es el que más hizo para recuperar Malvinas
Paro docente: el Gobierno advirtió a los gremios que habrá sanciones
