Al cumplirse dos décadas de la desaparición de la docente Ángela Beatriz Argañaraz, su familia renovó el reclamo por el hallazgo de sus restos y denunció el abandono institucional del caso. Con el vencimiento de la condena fijado para el próximo 6 de agosto, las exnovicias Susana Acosta y Nélida Fernández (hoy Marcos) agotarán la pena impuesta sin haber revelado el paradero de la víctima. Liliana Argañaraz, hermana de la educadora, expuso el dolor persistente que atraviesa a su entorno y remarcó que, a pesar de las sentencias firmes dictadas en los estrados provinciales, la investigación por la ubicación de los restos nunca registró avances concretos dentro de las fiscalías intervinientes.
"Es doloroso que a dos décadas de la desaparición no pudimos recuperar su cuerpo; seguimos pidiendo a la justicia que no nos deje en soledad porque la sociedad espera respuestas y necesitamos recuperar a Betty para poder cerrar etapas y elaborar un duelo", expresó Liliana.
La hermana de la víctima criticó con dureza la falta de piedad por parte de las responsables del homicidio, quienes mantuvieron un hermetismo inquebrantable a lo largo de los sucesivos debates y audiencias judiciales. Recordó que durante el acceso a las peticiones de beneficios penitenciarios la familia les rogó públicamente que indicaran la ubicación de la docente, sin obtener respuesta alguna. Frente al cumplimiento efectivo de las sanciones, la querella advirtió que la sociedad tucumana observa con indignación la impunidad con la que finaliza el proceso formal sin ofrecer una reparación integral a los deudos.
"Tuvimos la oportunidad de solicitarles en todo momento que nos digan dónde está Betty, que tengan este acto piadoso para poder recuperarla, pero lamentablemente nunca recibimos respuesta; van a cumplir con la justicia, pero no con la sociedad ni con Dios", sostuvo Liliana.
En relación al plano judicial, la familia denunció la inactividad de los organismos de investigación y la falta de actualización del fondo de recompensa fijado tras la desaparición. Reveló que actualmente no existe una fiscalía abocada al seguimiento de la búsqueda, dejando en el olvido los compromisos asumidos en la sentencia dictada en 2009. Asimismo, cuestionó la falta de respaldo del Colegio San Francisco, institución donde se desempeñaba la docente al momento de su secuestro.
"En el año 2009 se comprometieron a continuar buscando a Betty, pero si hoy alguien va a Tribunales a preguntar qué fiscalía la está buscando, no hay nadie ocupándose; la recompensa quedó en 150 mil pesos desde 2006 y nunca fue actualizada", denunció Argañaraz ante la prensa local.
Finalmente, Liliana agradeció el acompañamiento de la sociedad tucumana y de los medios de comunicación que mantuvieron viva la exigencia de justicia a lo largo de veinte años, y destacó el orgullo que siente por el legado pedagógico y humano que dejó su hermana en cada uno de los estudiantes que formó en las aulas.
"Estoy orgullosa y amo a mi hermana porque fue una formadora de personas y cada alumno la recuerda con dolor y orgullo; por eso agradezco a quienes no la sepultaron y la mantienen presente en este reclamo", concluyó.
Los antecedentes del caso que sentó un precedente histórico en la provincia
El caso de Ángela Beatriz Argañaraz representó un hito en la historia judicial de la provincia de Tucumán al convertirse en el primer proceso penal por homicidio instruido y elevado a juicio sin el hallazgo previo del cuerpo de la víctima. La docente desapareció en la mañana del 31 de julio de 2006 cuando se dirigía a asumir la dirección del Colegio San Francisco. Las pericias científicas y los rastreos genéticos realizados en el departamento de las imputadas, ubicado sobre la calle Catamarca al 100, determinaron la presencia de manchas hemáticas correspondientes al perfil genético de Argañaraz, lo que motivó la rápida imputación y posterior prisión preventiva de Susana Acosta y Nélida Fernández.
En diciembre de 2009, la Cámara Penal juzgó el hecho y condenó a Acosta y Fernández a la pena de 20 años de prisión como coautoras del delito de homicidio simple, mientras que el hermano de esta última resultó absuelto. A lo largo de la ejecución de la pena, las condenadas solicitaron diversos beneficios de morigeración de la pena; Fernández logró la adecuación de su identidad de género bajo el nombre de Marcos Daniel Fernández y obtuvo la libertad condicional en 2024, medida que posteriormente fue revocada por el tribunal al registrarse incumplimientos en los controles electrónicos obligatorios, obligando a su reingreso al penal hasta la expiración definitiva de la condena. Un año después, Acosta también perdió el beneficio.
En agosto se cumplirán los 20 años de presión dictados en 2009 por la justicia tucumana. A partir de ese momento, quedarán en libertad. "Van a cumplir con la justicia, pero no con la sociedad ni con Dios".
