En el marco de una jornada nacional de protesta, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) manifestó su enérgico rechazo a las políticas implementadas por el Ejecutivo nacional. La dirigencia gremial se movilizó hasta la sede de la gobernación tucumana para entregar un petitorio formal donde expusieron el congelamiento de los sueldos a nivel central, la quita del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el riesgo que enfrentan los regímenes jubilatorios del sector ante las exigencias de los organismos financieros internacionales.
"Estamos protestando fundamentalmente contra el Gobierno nacional, que congeló el salario docente en 500 mil pesos desde 2025, no está mandando los fondos a las provincias y puso en riesgo la jubilación docente al prometer la unificación del régimen", expresó Liliana Rojas, secretaria de Comunicación y Prensa del sindicato.
Asimismo, la representante del gremio repudió las intimaciones administrativas e intentos de sanción dirigidos hacia las entidades sindicales durante las jornadas de huelga. Explicó que las presiones normativas del Poder Ejecutivo nacional dificultan la participación activa de las bases en los paros generales debido al temor a represalias o pérdidas de fuentes laborales. Ante esta situación, el SADOP optó por visibilizar los reclamos en las calles y presentar sus exigencias directamente ante las autoridades provinciales.
"Quiero repudiar en nombre de SADOP la actitud del Gobierno nacional de coartar la libertad de realizar una medida de fuerza y no permitirle a los trabajadores expresarse; por eso hemos decidido salir a la calle y dejar un petitorio en Casa de Gobierno", sostuvo la dirigente gremial.
En el documento presentado formalmente en el Ministerio de Economía provincial, el sindicato solicitó formalmente la reincorporación de los docentes privados a las mesas de negociación paritaria. Desde la conducción gremial advirtieron que los educadores del sector de gestión privada padecen desigualdades marcadas en comparación con el sector público, citando como ejemplo la falta de acceso al beneficio del boleto gratuito de transporte y las distorsiones salariales derivadas del pago de sumas no remunerativas.
La dirigente también se refirió a la precariedad laboral existente en diversas instituciones de la provincia, señalando que las normativas recientes profundizan la inestabilidad de los trabajadores de la educación. Detalló que existen colegios que contratan educadores de forma temporal o discontinua bajo la promesa de recibir subsidios estatales que nunca se concretan, dejando a los profesionales en situaciones de despido sin indemnización completa o sin aportes previsionales registrados en el sistema.
Por último, el gremio responsabilizó a los organismos de control estatal por autorizar el funcionamiento de establecimientos de gestión privada que carecen de la liquidez financiera mínima para afrontar los compromisos salariales de sus planteles. Exigieron que el carácter alimentario del sueldo docente sea respetado de manera prioritaria por las autoridades provinciales y los empleadores privados, garantizando paritarias transparentes y la restitución total de los fondos educativos recortados por la Nación.
"Existe la responsabilidad de los ministerios de no autorizar colegios sin fondos necesarios, porque la educación es un servicio y el salario tiene carácter alimentario; los emprendedores no pueden argumentar que no les alcanza para pagarle al docente", concluyó la referente.
