Ante la falta de respuestas institucionales y el archivo por prescripción de causas derivadas del crimen de Paulina Lebbos, su padre, Alberto Lebbos, confirmó que impulsará acciones contra las máximas autoridades del Ministerio Público Fiscal de Tucumán. En declaraciones a Prensa Multimedios, denunció la existencia de una trama de protección orientada a beneficiar a exfuncionarios policiales y políticos involucrados en el encubrimiento del homicidio ocurrido en 2006. Frente al agotamiento de las instancias judiciales locales, adelantó que recurrirá a organismos internacionales y al Poder Legislativo provincial para exigir la rendición de cuentas de Edmundo Jiménez.
"Estoy preparando un juicio político para ver si de esta manera este hombre rinde cuentas e informa el estado de las causas penales, y voy a recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ante la violación sistemática de derechos humanos básicos", anunció Alberto Lebbos sobre los pasos a seguir.
Alberto criticó severamente la utilización reiterada de juicios abreviados sin la debida notificación a las víctimas ni la intervención del Estado como querellante. "Nos venimos enterando de algunos juicios abreviados premiando a
delincuentes terribles, altos funcionarios policiales a los que en
secreto le han hecho juicios abreviados que no corresponden porque son
para delitos menores, no para encubrimientos agravados", sostuvo el
padre de Paulina.
En este sentido, señaló que altos mandos de la fuerza policial condenados e imputados por falso testimonio y adulteración de actas resultaron beneficiados con penas menores y cuestionó que el sistema procesal penal tucumano tramite estos acuerdos en legajos fragmentados, permitiendo que funcionarios que entorpecieron la investigación original eludan el cumplimiento de condenas efectivas en prisión por el encubrimiento del femicidio de Paulina.
Asimismo, advirtió por la falta de control sobre los plazos de vencimiento en las causas residuales encomendadas a los fiscales intervinientes desde las sentencias de 2019, cuando el Tribunal ordenó investigar a José Alperovich y varios funcionarios de su gobierno por presunto falso testimonio y encubrimiento. Explicó que la demora en la elevación a juicio de diversos expedientes por parte de las fiscalías provocó que los magistrados tuvieran que dictar la absolución por prescripción de los imputados.
Según Lebbos, estas irregularidades fueron notificadas a las autoridades legislativas locales mediante carpetas probatorias sin haber obtenido una respuesta o una convocatoria para revisar el desempeño del jefe de los fiscales. "El fiscal tenía que haber elevado la causa a juicio antes de junio de 2024 para cortar la prescripción y la elevó en septiembre; ¿qué hizo el juez? No le queda alternativa y absuelve por prescripción, sin que el ministro público fiscal controle el trabajo de sus fiscales", denunció.
Por otro lado, el padre de la víctima realizó una comparación de las escalas penales vigentes para advertir sobre las desproporciones existentes entre los delitos contra la propiedad y las faltas cometidas por funcionarios públicos. En rigor, reclamó a los representantes tucumanos en el Congreso de la Nación que impulsen la imprescriptibilidad de los delitos de encubrimiento agravado para miembros de las fuerzas de seguridad, bajo el argumento de que la impunidad en casos de violencia institucional deteriora la confianza de la ciudadanía en las herramientas democráticas.
"La máxima condena para los delitos cometidos por funcionarios públicos por encubrimiento agravado de homicidio es de seis años, mientras que por abigeato son diez; en este país es más grave robar una vaca que proteger a los asesinos de una persona", sentenció.
