Organizaciones en defensa de los derechos de los animales alzaron nuevamente la voz para denunciar la persistencia de criaderos clandestinos y el intento de avanzar con leyes que busquen mercantilizar a perros y gatos en todo el país. La rescatista tucumana Gabriela Uzqueda remarcó que la sobrepoblación y el abandono son consecuencias directas de la falta de políticas de control ético por parte del Estado, sumadas a la explotación con fines económicos. Según argumentó la referente, la regulación de estas actividades solo perpetúa el sufrimiento de las hembras utilizadas para la reproducción inducida, por lo que instó a las autoridades locales y nacionales a establecer medidas drásticas de abolición.
"El crimen no se regula, el crimen tiene que ser totalmente prohibido; es imposible buscar algún tipo de fiscalización sobre criaderos que operan en la clandestinidad y donde los animales son torturados y usados como productos para generar ganancias millonarias", afirmó Gabriela Uzqueda durante una entrevista con Prensa Multimedios.
Desde el sector proteccionista recalcaron que la situación de los refugios y de los voluntarios independientes se encuentra completamente desbordada debido a la carencia de insumos y asistencia en los barrios más vulnerables de la provincia. Explicaron que en los asentamientos y zonas periféricas las agrupaciones deben costear intervenciones quirúrgicas y tratamientos médicos mediante colectas privadas. Por esta razón, el movimiento proteccionista sostiene que la única alternativa sustentable para detener la reproducción descontrolada es la implementación masiva, continua y gratuita de quirófanos móviles que abarquen al menos el treinta por ciento de la población animal anual.
"La mega causa de maltrato más extendida por la cantidad de víctimas es la superpoblación de perros y gatos que se reproducen sin control, sobre la cual recae el trabajo de asociaciones a expensas de los pocos recursos que tienen", advirtió la activista.
Por otro lado, la referente apuntó fuertemente contra las iniciativas legislativas que proponen restringir las intervenciones de esterilización únicamente a establecimientos privados o de pago, al advertir que esto privatizaría la salud pública veterinaria. Detalló que la industria del comercio animal descarta a los ejemplares enfermos o seniles que dejan de ser rentables, derivando directamente en situaciones de crueldad en la vía pública. "Cualquier comercialización al respecto no puede ser redituable si se garantiza la atención médica y alimentación adecuada; cuando obtienen ganancias cuantiosas es porque están sometiendo a los animales a acciones criminales", enfatizó.
Ante este panorama, Uzqueda criticó el escaso impacto disuasivo que posee la Ley Nacional 14.346 en la actualidad, ya que las sanciones penales vigentes no derivan en condenas de cumplimiento efectivo para los maltratadores. Explicó que la reincidencia en casos de tortura y abandono es extremadamente alta debido a la levedad de las penas contempladas en el código penal. En este sentido, recordó que presentaron un proyecto de ley en la Legislatura de Tucumán que contempla severas multas monetarias, con el propósito de golpear económicamente a quienes incurran en actos de crueldad o mantengan centros de reproducción clandestinos en el territorio provincial.
"Estamos buscando una ley provincial que prevea sanciones económicas millonarias para el maltrato y crueldad animal porque las consecuencias de la normativa actual no están a la altura de las atrocidades que sufren las víctimas. Buscamos que sean considerados realmente como seres sintientes,
sujetos titulares de derecho donde se respete su vida y se erradique
cualquier tipo de lucro que los exponga a la tortura o al abandono", explicó Uzqueda.
Tras la reaparición de proyectos que intentan regular el comercio de razas, la rescatista animal Gabriela Uzqueda denunció intereses corporativos detrás de la crianza intensiva y reclamó una legislación provincial con multas severas para quienes ejerzan crueldad.
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