En el marco del inminente debate en el Senado sobre el proyecto de ley que propone profundas modificaciones a la propiedad privada y a la regulación territorial, diversas organizaciones sociales y ambientales encendieron las alarmas en la provincia. La iniciativa busca alterar cuatro normas clave: la Ley de Tierras Rurales, la Ley de Manejo del Fuego, la Ley de Expropiaciones y los regímenes de desalojo vigentes. Desde la agrupación Jóvenes por el Clima Tucumán remarcaron que el tratamiento conjunto de este paquete normativo representa un serio peligro para la preservación ecológica nacional. Al respecto, su coordinadora general, Lucía Figueroa, advirtió durante una entrevista periodística: “Es un conjunto de muchas normas, regímenes y leyes que se van a modificar en un solo proyecto que van a cambiar mucho sus estándares y eso puede ser perjudicial tanto para toda la Argentina y particularmente para Tucumán”.
La preocupación se acentúa al analizar el impacto directo que el avance de la extranjerización inmobiliaria tendría sobre los ecosistemas más vulnerables de la región norteña. En Tucumán, más del 40% de la superficie total corresponde a bosques nativos y yungas que cumplen un rol esencial en la regulación hídrica, la protección del suelo y el abastecimiento productivo. Sin embargo, los relevamientos recientes muestran que los límites legales vigentes para la titularidad extranjera ya se encuentran ampliamente superados en distintos puntos del territorio provincial. Como dato impactante de la situación crítica, Figueroa puntualizó: “En solamente Cruz Alta el 16% de sus tierras están en manos de extranjeros, estamos hablando de más de 18.404 hectáreas que están en parte de extranjerización, cuando la ley fija hasta un 15%”.
Frente a este escenario, los movimientos ambientalistas iniciaron un plan de acción directa mediante gacetillas, envío de petitorios a los despachos de diputados y senadores, y campañas de concientización pública. El objetivo principal es visibilizar que la discusión excede los límites parlamentarios y atañe directamente al resguardo de la soberanía nacional sobre los recursos naturales estratégicos. Desde el sector afirman que la normativa actual ya presenta fallas de fiscalización que se profundizarían si la reforma proyectada logra su aprobación definitiva. En este marco, la dirigente ambiental enfatizó la urgencia del debate colectivo señalando: “No estamos discutiendo solamente una ley sobre la propiedad privada, estamos discutiendo cómo nosotros protegemos los recursos estratégicos como el agua, los bosques, los humedales y el territorio argentino”.
Para manifestar el rechazo social a la propuesta legislativa, las agrupaciones convocaron a una concentración comunitaria que incluirá intervenciones culturales, expresiones artísticas y una radio abierta frente a la Casa de Gobierno. La jornada de movilización buscará presionar a los representantes tucumanos en el Congreso antes de que el oficialismo concrete los acuerdos políticos necesarios para su sanción. Los organizadores sostienen que el resguardo de los bienes comunes no debe supeditarse a intereses de mercado ni a negociaciones impositivas de coyuntura. Para sintetizar la postura de la convocatoria, la representante de Jóvenes por el Clima concluyó: “La propiedad privada es un derecho constitucional, el debate no pasa por discutir ese derecho sino por definir cuáles son las reglas para proteger los bienes comunes que tenemos”.
Desde la ONG convocaron a una manifestación en Plaza Independencia para rechazar el proyecto que modifica las leyes de Tierras Rurales y Manejo del Fuego.
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