La medida fue dictada a través de una resolución firmada el pasado 31 de julio por el fiscal regional Diego Sebastián Hevia, luego de que los denunciantes, patrocinados por el letrado Luis María Díaz Augier,  solicitaran su incorporación formal al proceso penal amparados en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán (CPPT).

Los argumentos de la Fiscalía

Para fundamentar el rechazo, el fiscal Hevia sostuvo que el artículo 82 del CPPT define estrictamente a la víctima como el ofendido directamente por el delito, aclarando que la normativa no otorga legitimación para querellar a quienes desempeñan funciones de control institucional en la administración pública.

 Asimismo, el magistrado indicó que:

La única previsión que contempla la legitimación en delitos que afectan intereses colectivos o difusos se encuentra en el artículo 89.2, la cual está reservada de manera exclusiva a personas jurídicas cuyo objeto social se vincule directamente con el bien jurídico tutelado.

Los peticionantes no encuadran en ninguna de las dos figuras legales contempladas.

La condición de denunciantes no suple la falta de legitimación activa, ya que se sustenta en un interés de naturaleza genérica que fue descartado por el legislador al regular la materia de forma restrictiva.

Bajo estos considerandos, la Fiscalía resolvió desestimar el planteo por falta de legitimación activa, aplicando los artículos 82 y 89 (incisos 1° y 2°) del código procesal provincial.

Origen de la causa y próximos pasos

La investigación penal se inició el pasado 9 de junio a raíz de una denuncia contra la jefa comunal por la presunta adquisición de una propiedad valuada en más de un millón de dólares en el country Las Yungas, ubicado en el municipio de Yerba Buena.

Tras cumplirse casi dos meses sin avances significativos reportados en el expediente, los denunciantes se presentaron recientemente en el Centro Judicial Concepción junto a su abogado para incorporar nuevas pruebas y manifestar su inquietud por el ritmo de la pesquisa.

Tras ser formalmente notificados de la resolución fiscal, los referentes políticos se encuentran ahora en condiciones de apelar el fallo dictado por el fiscal Hevia ante las instancias correspondientes.