Jorge Berreta, vicepresidente de la entidad, expresó de manera contundente que las empresas locales carecen de las condiciones económicas y financieras para asumir nuevos incrementos sin un auxilio directo del Estado nacional.

El representante de las empresas concesionarias argumentó que el sector viene absorbiendo severas subas operativas que terminaron por asfixiar las cuentas de las líneas provinciales. Entre los costos más golpeados destacó un incremento cercano al 60% en el precio del gasoil, sumado al impacto del ajuste del 18% otorgado en el acuerdo paritario de abril pasado, configurando un cuadro financiero insostenible para el tejido empresario del interior.

En este contexto, Berreta enfatizó que la negativa a conceder las mejoras salariales reclamadas por la conducción sindical no responde a una falta de voluntad negociadora, sino a una realidad contable inapelable. Además, remarcó la enorme brecha presupuestaria que separa a los distritos del interior del país de la situación del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la distribución de subsidios estatales resulta sustancialmente superior.

El dirigente centró sus críticas en la gestión del Gobierno nacional y reclamó la inmediata restitución de los recursos provenientes del Impuesto a los Combustibles (ITC). Según denunció, las tasas cobradas a los ciudadanos e impulsadas específicamente para sostener el transporte de pasajeros están siendo desviadas hacia otros fines por la administración central, privando a las provincias, y en especial a las del norte argentino, de un financiamiento estratégico.

Frente al inminente cese de actividades en los servicios urbanos e interurbanos, desde AETAT exigieron que el Ejecutivo nacional asuma su responsabilidad y dicte de inmediato la conciliación obligatoria. Esta medida administrativa permitiría congelar el paro de colectivos y habilitar una instancia formal de diálogo para rediscutir el reparto de fondos y la devolución de las compensaciones adeudadas a las jurisdicciones provinciales.

Por otra parte, el vicepresidente de la cámara empresaria reconoció el esfuerzo financiero realizado tanto por la Provincia como por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán para sostener la actividad. En sus declaraciones, admitió que sin los aportes en concepto de compensaciones directas y los programas de asistencia como el boleto estudiantil, el sistema de transporte tucumano habría colapsado hace tiempo, aunque advirtió que esos recursos resultan hoy insuficientes frente a la aceleración de costos.

Berreta dirigió también un mensaje a la cúpula sindical de UTA, solicitando sensibilidad frente a un escenario que compromete a miles de usuarios y pone en riesgo más de 3.000 puestos de trabajo en la provincia. Cuestionó con dureza que las decisiones y las medidas de fuerza que paralizan el transporte del interior se adopten de manera unilateral desde las oficinas de Buenos Aires, desconociendo el esfuerzo productivo y la realidad económica de cada distrito.

Con la atención puesta en la reunión paritaria convocada a nivel nacional entre UTA y la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), el futuro inmediato del servicio en Tucumán permanece condicionado a un acuerdo de último momento. De no mediar una intervención activa de la Casa Rosada o el dictado de la conciliación obligatoria, las provincias del interior del país se encaminan a afrontar una jornada sin unidades en las calles.