La crisis socioeconómica continúa castigando con severidad al entramado pyme en todo el país, registrando índices alarmantes de destrucción de puestos de trabajo y cierres de empresas. En diálogo con Prensa Multimedios, el titular de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino (ENAC), Leo Bilanski, indicó que "en promedio cierran 76 empresas por día en Argentina y son 800 trabajadores que quedan en la calle por cada jornada de este gobierno, que con este plan económico ya se llevó 30.000 Pymes en menos de tres años".
Frente a la escalada de persianas que bajan de forma definitiva, diversas cámaras del sector se movilizaron este jueves a la Plaza de Mayo con el objetivo de exigir respuestas concretas por parte de las autoridades nacionales. Al referirse al reclamo central llevado a cabo frente a la Casa Rosada y a las responsabilidades del Congreso, Bilanski señaló: "Queremos que los legisladores reconozcan que se equivocaron y decreten la ley de emergencia Pyme para tener un punto de quiebre en la política económica. Necesitamos que se abstengan de embargar a las Pymes que deben, que no corten la luz o el gas y que los bancos dejen de cobrar tasas usurarias".
Entre los principales problemas a resolver, Bilansky citó la falta de financiamiento sustentable y la fuerte caída en las ventas, de los cuales se derivan otras situaciones preocupantes, como el quiebre en la cadena de pagos de las pequeñas y medianas empresas. "El 8% de las empresas se encuentra en una situación de vulnerabilidad económica extrema y con un riesgo directo de cerrar, lo que representa cerca de 40.000 pymes comprometidas y medio millón de puestos de trabajo de argentinos que están tambaleando en todo el territorio nacional", subrayó.
En este sentido, criticó la orientación de la política económica implementada por el Ministerio de Economía, cuestionando la falta de respaldo a los sectores productivos que aportan al fisco nacional. Respecto del rumbo financiero que impulsa el Ejecutivo nacional, Bilanski aseguró que "no hay un plan económico nacional que incluya a las Pymes. Ellos no saben lo que es pagar una quincena y se dedican a reproducir el dinero timbeándolo en el mundo financiero con los impuestos que pagamos nosotros todos los meses desde el aparato productivo".
La suma de todos estos factores negativos provocaron que el atraso en el pago de compromisos bancarios e impuestos se convirtiera en una constante dentro de las plantas industriales, dejando a un gran porcentaje de establecimientos con el crédito paralizado. Bilansky alertó que el 24% de las industrias ya registra retrasos superiores a los 90 días en el pago de préstamos con bancos y de obligaciones impositivas, "por lo que tenemos semáforos rojos prendidos en todos los sectores de la economía real mientras las empresas quiebran".
Finalmente, el referente de la entidad empresarial advirtió sobre las consecuencias sociales de la pérdida de dinamismo productivo en el mercado interno y el riesgo de una fragmentación de la paz social. Ante la falta de respuestas oficiales para recomponer la actividad interna, el especialista concluyó con contundencia: "Cuando el Estado deja de cumplir con sus responsabilidades, la convivencia pacífica empieza a canibalizarse. Si no somos conscientes de que hay que ponerle un freno a esto y reactivar las PyMEs, la ley de la selva le va a ganar a la sociedad en el corto plazo".
