El brutal ataque
El violento episodio ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada del pasado 11 de enero de 2026, en una vivienda ubicada en la calle Italia al 3900 de la capital tucumana, inmueble que el agresor compartía con la víctima —de su misma edad— y sus dos hijos pequeños, de 3 y 5 años.
De acuerdo con la investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Homicidios I, dirigida por Pedro Gallo, el ataque se desató mientras ambos conversaban sobre la decisión de separarse. En un momento dado, cuando la mujer se encontraba en el baño, Soza se abalanzó sobre ella, la tomó fuertemente del cuello con ambas manos y, utilizando sus pulgares para presionar directamente sobre la tráquea, la arrojó al suelo, donde continuó asfixiándola hasta dejarla inconsciente.
Durante los alegatos finales, la auxiliar de fiscal Carolina Brito Ledesma —acompañada por la investigadora Sara Fernández— destacó el crudo relato de la víctima, quien afirmó haber sentido que ese era su último día de vida tras dejar de percibir su cuerpo antes de desvanecerse. Al recuperar el conocimiento y advertir que el imputado se acercaba nuevamente para continuar con la agresión, la mujer logró empujarlo, huir del domicilio y refugiarse en la casa de su madre, ubicada en el mismo terreno, tras lo cual el agresor se dio a la fuga.
Contexto de violencia de género
Durante el juicio, la acusación logró acreditar un prolongado contexto de violencia de género y control asfixiante ejercido por el condenado. La víctima detalló situaciones recurrentes de hostigamiento, tales como cuestionamientos por su vestimenta, prohibiciones e ira al reunirse con amigos varones, revisión constante de su teléfono celular y un férreo monitoreo sobre sus horarios y movimientos diarios.
Para el Ministerio Fiscal, quedó plenamente demostrado que el hombre actuó con total conciencia del riesgo letal que implicaba su conducta y con clara intención homicida. Si bien el organismo fiscal había solicitado inicialmente una pena de 14 años de prisión —postura a la que adhirió la querella—, el tribunal resolvió fijar la condena definitiva en 10 años y dos meses de prisión efectiva.
