El procedimiento tomó por sorpresa a las más de 160 familias que residían en el lugar, quienes denunciaron graves irregularidades en el accionar judicial. Según el testimonio de los vecinos afectados, las autoridades se presentaron y comenzaron a desarmar las precarias viviendas sin darles tiempo para retirar sus pertenencias, colchones ni muebles. En el lugar se vivieron escenas de desesperación, con niños asustados y personas con discapacidad que quedaron a la intemperie. Durante los incidentes, se registró al menos la aprehensión de una persona.

Los ocupantes del predio argumentan que la orden original estipulaba únicamente la identificación de las personas en los lotes y cuestionan la legalidad del desalojo. "En el escrito que presentaron no hay sello ni firma de un juez o fiscal, solamente nombran a los imputados", relató una de las vecinas, quien señaló que el supuesto propietario, de apellido Estofán, solo tendría la posesión del terreno.

Ante la pérdida de sus hogares, las familias apuntaron a la falta de respuestas a la crisis habitacional y solicitaron la intervención urgente de las autoridades provinciales. "El gobernador tiene que enterarse y ayudar a esta gente, todos necesitamos una vivienda; si no, no estaríamos acá haciendo este sacrificio", suplicaron entre lágrimas. Se espera en las próximas horas la palabra de los abogados defensores y de la cúpula policial para esclarecer los fundamentos legales de la medida.