La Justicia de Tucumán le asestó un nuevo revés procesal al legislador Manuel Courel y al concejal Luis Escobar (Cambia Tucumán) en el marco de la causa que impulsan contra la intendenta de Graneros, Raquel Graneros, por la supuesta adquisición irregular de un inmueble valuado en más de un millón de dólares en el country Las Yungas.

En una audiencia realizada de manera virtual, la jueza Cecilia Tasquer rechazó el recurso de revisión presentado por la defensa de los denunciantes, confirmando la resolución previa del Ministerio Público Fiscal (MPF) que les impedía intervenir de forma directa como querellantes particulares.

Durante la jornada, el abogado de los denunciantes, Luis Díaz Augier, sostuvo que tanto Courel como Escobar poseen una afectación diferenciada vinculada estrictamente al ejercicio de sus funciones públicas. Argumentó que los delitos contra la administración afectan la probidad estatal y contemplan intereses colectivos sin una víctima individualizada.

Sin embargo, el fiscal de Concepción, Fernando Blanno, opuso reparos basados en el marco normativo vigente. El representante del MPF remarcó que el Código Procesal exige la condición de víctima o afectado directo para conceder la figura de querellante, aclarando que las investiduras parlamentarias o concejales no otorgan potestades de representación procesal automática.

Al fundamentar su dictamen, la jueza Tasquer respaldó el criterio de la fiscalía y concluyó que los dirigentes no reúnen los requisitos legales para querellar a título personal, señalando que el encuadre procesal hubiese sido distinto si la presentación se realizaba a través de una persona jurídica dedicada a la lucha contra la corrupción.

Reclamos por la marcha de la causa y la postura de la defensa

Tras conocerse la resolución, Manuel Courel cuestionó el criterio aplicado a los delitos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, argumentando que el perjuicio recae sobre el fisco y la ciudadanía en su conjunto. Asimismo, expresó su preocupación por la falta de avances significativos en el expediente tras tres meses de haber aportado elementos probatorios.

Por su parte, Díaz Augier advirtió sobre la necesidad de reformar el Código Procesal respecto a la legitimación activa en este tipo de investigaciones y reiteró la urgencia de crear una Oficina Anticorrupción en la provincia.

Desde la defensa de la intendenta, la abogada Paula Morales Soria desestimó de manera categórica las acusaciones. Aseguró que la propiedad en cuestión no pertenece a la jefa municipal, que los informes oficiales requeridos por la Justicia han resultado favorables a su clienta y que la documentación presentada por la contraparte carece de autenticación legal.