En una audiencia judicial celebrada en la jornada de hoy, la Justicia condenó a Carlos Maximiliano Ledesma a la pena de tres años de prisión de ejecución condicional, tras admitir su culpabilidad en una serie de maniobras fraudulentas en las que fingía ser agrimensor matriculado para estafar a familias mediante la confección de planos y documentación técnica apócrifa.

El caso estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I del Centro Judicial Capital, dirigida por el fiscal titular Diego Alejo López Ávila, con la intervención y sustanciación en audiencia del auxiliar de fiscal Rogelio Rodríguez del Busto, quien expuso ante el juez los términos del convenio y la contundencia del plexo probatorio.

El acuerdo de juicio abreviado pleno declaró a Ledesma penalmente responsable como autor de los delitos de usurpación de título, estafa y falsificación y/o adulteración de documento público (en tres oportunidades), en concurso real.

Además de la pena fijada en el máximo de la modalidad condicional, el imputado deberá cumplir durante tres años estrictas reglas de conducta: Fijar residencia con control de la Oficina de Probation, abstenerse del consumo abusivo de alcohol y estupefacientes; además de la prohibición absoluta de acercamiento o contacto con las víctimas a menos de 200 metros.

Asimismo, se ordenó el decomiso del teléfono celular utilizado para los ilícitos y el pago de una reparación económica integral destinada a compensar el daño patrimonial ocasionado a los seis damnificados de $820.000 que serán repartidos entre las víctimas.

El modus operandi

La investigación penal acreditó que Ledesma operaba en distintas localidades de la provincia, como El Naranjito (Cruz Alta), Banda del Río Salí y Lules, ofreciendo servicios de agrimensura, loteo, mensura y regularización dominial ante la Dirección General de Catastro.

Para engañar a las víctimas y generar apariencia de legitimidad se presentaba como "Agrimensor Topógrafo" y estampaba en recibos y formularios un sello con la matrícula apócrifa "M.P. 213", correspondiente en realidad a otro profesional matriculado.

Confeccionó instrumentos falsos, entre ellos una supuesta resolución comunal de El Naranjito y planos con firmas falsificadas atribuidas a autoridades técnicas del Colegio de Agrimensores de Tucumán.

Percibía importantes sumas de dinero en efectivo bajo promesa de agilizar escrituraciones e inscripciones que jamás fueron presentadas formalmente ante Catastro ni ante los organismos registrales correspondientes./MPF