Desde la Fundación Mujeres por Mujeres advirtieron sobre el impacto de los discursos oficiales que vinculan la disminución de los nacimientos con la legislación sobre interrupción voluntaria del embarazo en el país. Las activistas señalaron que la tendencia demográfica responde a factores estructurales e internacionales y no a la conquista de derechos por parte de los colectivos sociales. Respecto a la postura del Gobierno sobre la norma, Florencia Sabaté expresó: "Vincular la ley con la baja de la tasa de natalidad es una irresponsabilidad y una ignorancia, porque hace medio siglo que viene bajando la tasa en la región".
La organización enfatizó que las decisiones de planificación familiar están condicionadas por la inestabilidad laboral, la precarización económica y las dificultades para conciliar las tareas de cuidado con la actividad profesional. Asimismo, advirtieron que las políticas de recorte presupuestario en los servicios de salud pública generan nuevos obstáculos en la atención médica de las personas gestantes. "Hay que pensar en los costos de la reproducción, de no conseguir trabajo formal y de una salud desfinanciada, porque la fecundación no es un acto exclusivo de las mujeres", agregó.
El análisis de la entidad expuso también la reaparición de estigmas sociales y barreras administrativas en los centros sanitarios, donde el desabastecimiento de insumos dificulta el cumplimiento efectivo de la normativa vigente. Según revelaron en un reciente informe institucional, la desinformación en torno a la legislación incrementa el temor entre las usuarias al momento de acudir a los efectores públicos. Al evaluar el escenario en el sistema sanitario, Sabaté manifestó que "con los discursos que dicen que abortar equivale a matar se generaron resultados concretos y volvió a dar miedo acudir al sistema de salud pública".
Finalmente, las representantes de la Fundación hicieron un llamado a defender los avances en materia de derechos fundamentales y solicitaron el compromiso del Estado para abordar las problemáticas de fondo que afectan a la comunidad. Desde el sector remarcaron que el debate poblacional debe orientarse hacia la mejora del acceso a la educación, el empleo y la salud integral de la población. "La autonomía y los proyectos de vida son derechos humanos que no pueden ser la moneda de cambio para intentar solucionar el problema de la natalidad", concluyó Sabaté.
Florencia Sabaté, referente de la Fundación Mujeres por Mujeres, analizó las declaraciones del Ejecutivo nacional respecto al aborto legal y remarcó la necesidad de abordar el fenómeno desde una perspectiva multicausal.
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