Con la publicación del Decreto 875/2026 en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional reglamentó este lunes el flamante Régimen Penal Juvenil, efectivizando así la histórica y debatida reducción de la edad de punibilidad a los 14 años. La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, cuya cartera funcionará como autoridad de aplicación a nivel federal y nacional.

La nueva legislación, que abarca a los menores desde los 14 hasta el día en que cumplan 18 años, introduce un esquema de sanciones escalonado. El encierro efectivo quedará reservado de manera exclusiva para hechos de extrema gravedad, tales como homicidios, secuestros violentos, abusos sexuales o robos con violencia. Para estos casos, la ley fija un límite máximo de privación de la libertad de 15 años, tope que se mantendrá inamovible incluso si la sumatoria de las escalas penales por distintos delitos prevé un tiempo superior.

Como contrapartida, la estructura del nuevo régimen otorga a los magistrados diversas opciones de castigo para los delitos menores. Cuando las escalas penales no superen los 11 años de prisión y no existan lesiones graves ni víctimas fatales, los jueces podrán aplicar medidas alternativas que van desde amonestaciones y tareas comunitarias, hasta el monitoreo electrónico y la prohibición de salir del territorio nacional. Además, el texto establece mecanismos obligatorios para el seguimiento de los adolescentes y la asistencia a las víctimas, articulando acciones con los gobiernos provinciales y garantizando el debido proceso legal.

Un debate marcado por los cruces políticos

La reglamentación marca el cierre de un proceso que tuvo su punto álgido en febrero de 2026, cuando el Senado sancionó la iniciativa oficialista con una amplia mayoría de 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención.

Durante el debate legislativo, el senador oficialista Gonzalo Guzmán (Salta) defendió el proyecto asegurando que se trata de un "régimen moderno y especializado", diseñado para garantizar todas las garantías procesales. En las antípodas, la legisladora kirchnerista Lucía Corpacci (Catamarca) consideró que la ley era "invotable" y acusó al Ejecutivo de utilizar el endurecimiento de penas a menores para desviar la atención de la situación social.

Por su parte, desde el radicalismo, la senadora Carolina Losada (Santa Fe) cruzó las críticas de la oposición y respaldó fuertemente la reforma: "Basta de hipocresía, basta de decir que alguien no entiende lo que está haciendo. No podemos decir que un chico de 15 años no es responsable o no sabe lo que está haciendo", sentenció.