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Reforma judicial: entró en vigencia la Ley 27.821 y la Cámara Federal de Tucumán funcionará en dos salas

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El sistema judicial federal del norte argentino experimenta una modificación estructural clave. Tras su publicación oficial en el Boletín Oficial, quedó formalmente promulgada la Ley 27.821, que reestructura la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán para que comience a operar dividida en dos salas permanentes, un esquema diseñado para agilizar la tramitación de expedientes en su jurisdicción sobre Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero.


La normativa abre un plazo perentorio de noventa días para que el tribunal de alzada dicte su propio reglamento interno de funcionamiento y establezca el régimen de subrogancias ante licencias, vacancias o recusaciones.
Un esquema transitorio y la futura incorporación del sexto vocal

El núcleo de la reforma apunta a descentralizar la labor jurisdiccional, aunque su implementación total estará sujeta a la disponibilidad financiera del Estado nacional.

    Creación de la sexta vocalía: El artículo segundo de la ley dispone la creación de un nuevo cargo de Juez de Cámara para elevar la integración a seis miembros, cuya toma de posesión quedará supeditada a la acreditación del crédito presupuestario correspondiente en el Poder Judicial de la Nación.

    Esquema operativo de transición: Hasta tanto se destinen las partidas y se sustancie el concurso público, el tribunal operará temporalmente con sus cinco magistrados actuales (Fernando Poviña en la presidencia, Ricardo Sanjuán, Patricia Moltini, Marina Cossio y Mario Leal).

    Funcionamiento de las salas: Cada sala estará integrada por dos miembros, mientras que el quinto magistrado asumirá una presidencia común y actuará indistintamente en cualquiera de ellas únicamente cuando se registre una discrepancia de criterios y resulte necesario dirimir una mayoría.

El origen del reclamo y la sintonía con otros tribunales del país

La iniciativa institucional responde a una demanda largamente postergada impulsada en el Senado por las legisladoras tucumanas Sandra Mendoza y Beatriz Ávila, junto al catamarqueño Guillermo Andrada. Los fundamentos de los proyectos advirtieron que, desde la ampliación del cuerpo a cinco integrantes en 1990 y el posterior traspaso de causas previsionales, la exigencia reglamentaria de reunir al menos tres votos coincidentes en cada expediente generaba graves demoras ante el crecimiento sostenido de la litigiosidad.

Con la adopción de este nuevo modelo —que ya opera con éxito en las cámaras federales de Salta, Córdoba, Mendoza, Rosario y La Plata—, el fuero federal busca descomponer los cuellos de botella procesales, acortando de manera sustancial los plazos de resolución para los justiciables en materias penal, civil, tributaria y previsional.