Para lograrlo, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, diagramó una maratónica ronda de negociaciones con siete mandatarios provinciales dialoguistas, entre los que destaca el tucumano Osvaldo Jaldo, en un tablero donde se cruzan las necesidades financieras de las provincias y los futuros armados electorales de cara a 2027.  


El desembarco de los gobernadores en Balcarce 50 —que comenzó con Jaldo junto a Raúl Jalil, Juan Pablo Valdés y Gustavo Sáenz, y continuará con Carlos Sadir, Leandro Zdero y Gustavo Melella— tiene como trasfondo una lista rigurosa de demandas fiscales. Los jefes provinciales acudirán a la pulseada con reclamos específicos que incluyen la reactivación de la obra pública paralizada, el saneamiento de las deudas de las cajas previsionales no transferidas y la defensa de esquemas tarifarios diferenciales como los subsidios a zonas frías y cálidas, exigiendo además fondos sensibles para áreas críticas como universidades y discapacidad.

El cronograma legislativo en el Congreso y la letra chica macroeconómica

En paralelo a las tratativas políticas, el oficialismo en la Cámara de Diputados, comandado por Martín Menem, ya proyecta el inicio formal del debate en comisión para la primera semana de octubre, una vez despejado el tratamiento de los expedientes sobre endeudamiento y discapacidad. La hoja de ruta económica enviada al Parlamento contempla previsiones conservadoras para el próximo período, estimando un crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI) del 4%, una pauta inflacionaria anual del 18% y un tipo de cambio oficial fijado en $1.847,6 para diciembre de 2027, configurando un esquema que el Gobierno aspira a convertir en ley entre noviembre y diciembre.  

Más allá de las cifras macroeconómicas, la tensión subyacente radica en la estrategia de La Libertad Avanza de competir con sello propio en los distritos provinciales en los comicios venideros. Esta ambición electoral del oficialismo nacional convierte cada despacho presupuestario en una negociación de alta complejidad, donde el pragmatismo de los gobernadores aliados para aportar la tropa legislativa dependerá estrictamente de la capacidad de la Casa Rosada para destrabar partidas y sostener el equilibrio financiero de sus administraciones.