La causa que investiga al presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, sumó un nuevo capítulo judicial. El juez Ariel Lijo dispuso una serie de medidas de prueba para reconstruir su patrimonio, luego de que el fiscal Gerardo Pollicita solicitara el levantamiento del secreto fiscal y bancario del dirigente, sospechado de un enriquecimiento ilícito durante su paso por la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).

Un crecimiento patrimonial que despertó sospechas

Las medidas ordenadas por el magistrado apuntan a acceder a información sobre cuentas bancarias, declaraciones juradas, bienes, movimientos económicos y nivel de consumo del dirigente durante el período bajo la lupa judicial. El expediente se abrió a partir de una denuncia presentada en abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien mantiene un litigio personal con Tapia y que puso el foco en el salto patrimonial registrado por el titular de la AFA durante su gestión en el organismo bonaerense.

De cuatro propiedades a más de mil millones en depósitos

La comparación entre ambas declaraciones juradas resulta el eje central de la sospecha. En 2017, Tapia había declarado cuatro propiedades valuadas fiscalmente en $17 millones, un vehículo y $1,5 millones en efectivo. Para 2024, en cambio, sus registros mostraban más de $1.002 millones distribuidos en distintas cuentas bancarias, más de $39 millones en efectivo y otros US$246.206 en una caja de ahorro, un incremento patrimonial que ronda el 1.000% en apenas siete años.

Los ingresos declarados y un cargo ad honorem

La denuncia también reparó en los ingresos formales de Tapia durante ese período: percibió $100.233.144 anuales como presidente de la CEAMSE y $718.536.500 como vicepresidente de la CONMEBOL, mientras que su función al frente de la AFA no tiene remuneración. El dirigente integra la CEAMSE desde 2014, cuando asumió como vicepresidente, y llegó a la presidencia del organismo en 2024 por decisión del gobernador bonaerense Axel Kicillof.

Una causa que cambió de jurisdicción

El expediente se inició originalmente en la Justicia porteña, pero derivó en una disputa de competencia debido al carácter interjurisdiccional de la CEAMSE, que depende tanto de la Ciudad como de la Provincia de Buenos Aires, lo que determinó su traslado al fuero federal.