La defensa técnica de Cristina Fernández confirmó el hallazgo de documentación probatoria clave que contradice de manera directa los argumentos centrales sostenidos en la causa Vialidad, por la cual la exmandataria fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Según dieron a conocer sus abogados, en el marco de la investigación por la "Causa Cuadernos", la propia fiscalía incorporó planillas oficiales de la Dirección Nacional de Vialidad que demuestran la distribución real de las partidas asignadas para obra pública durante sus presidencias y que servirían de evidencia a favor de CFK.
Consultado al respecto, el exsenador nacional Oscar Parrilli aclaró que se trata de pruebas que "nos habían negado en el expediente y demuestra que la condena a Cristina es totalmente falsa porque se basó en un hecho que lisa y llanamente no existió".
Dicho expediente, contó Parrilli, contiene los registros contables elevados por los peritos judiciales sobre el conjunto de obras cuestionadas en las causas Vialidad y Cuadernos. Esa documentación probaría que durante la gestión de Fernández se asignó menos del uno por ciento de las partidas a las firmas vinculadas a Lazaro Báez y que la mayor porción de los recursos fue canalizada hacia constructoras privadas de amplia trayectoria, entre ellas IECSA, conducida por ese entonces por Ángelo Calcaterra, primo del expresidente Mauricio Macri.
"Pedimos investigar cómo se utilizó esa plata durante seis años y nos negaron la prueba en primera y segunda instancia, ocultando que el mayor beneficiario de esos fondos fue la empresa del primo de Macri", subrayó Parrilli.
El titular del Instituto Patria se refirió además a la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con la esperanza de que el organismo dicte una medida cautelar que ordene la suspensión inmediata de la sanción de inhabilitación especial para ejercer cargos públicos. Según Parrilli, estarían dadas las condiciones para conseguir un dictamen de la ONU que a su entender sería de carácter vinculante para el país, en virtud de los tratados a los que Argentina se comprometió. "Si la justicia argentina no acata la medida dictada en Ginebra cometería un papelón internacional", agregó.
El eje de la presentación radica en la presunta denegación de pruebas, algo que, de probarse, configuraría un escenario de manifiesta gravedad institucional destinado a limitar la competencia partidaria en las urnas. "La vigencia del marco democrático requiere la eliminación de cualquier restricción que condicione las postulaciones. No estamos ante un fallo imparcial sino ante una clara proscripción política motivada por el temor electoral a que Cristina vuelva a liderar las preferencias de la sociedad en las urnas", sostuvo el dirigente kirchnerista.
Por último, y frente a la cercanía del calendario electoral, desde el Instituto Patria mantienen sus expectativas puestas en la resolución que adopte el organismo de la ONU para el restablecimiento pleno de las garantías de debido proceso y la posterior habilitación de CFK para competir en los comicios del 2027. "Es la única líder con la capacidad política para corregir la crisis económica y social; por eso exigimos terminar con las persecuciones y garantizar una democracia plena y sin proscriptos", sentenció Parrilli.
