Si bien entre las “prioridades de la política presupuestaria” el Gobierno destaca que la Asignación Universal por Hijo (AUH) y por Embarazo (AUE) mejoró un 109,8% en términos reales desde 2023, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado al Congreso este martes prevé eliminar el aumento automático de las asignaciones establecido por la Ley 27.160.

El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, intenta quitar el mecanismo de movilidad de las asignaciones familiares y universales por tercera vez consecutiva. Ya lo había incluido en el Presupuesto 2025, que no fue aprobado y derivó en una nueva prórroga de la ley vigente. También lo incorporó en el proyecto de 2026, pero la oposición lo eliminó, y ahora vuelve a la carga con la misma medida.

En el Capítulo II, el Gobierno incluyó la derogación de los artículos 1°, 3° y 4° de la Ley 27.160, sancionada durante la administración de Cristina Fernández e impulsada por la propia presidenta en 2015, en la antesala de su salida de Casa Rosada. Allí se establecía la movilidad de estas asignaciones y que el ajuste debía aplicarse tanto sobre los montos de los beneficios como sobre los límites y rangos de ingresos familiares utilizados para determinar quiénes podían cobrarlos.

El esquema comprendía a la AUH y la Asignación por Embarazo (AUE), las asignaciones por hijo, hijo con discapacidad, prenatal, nacimiento, adopción, matrimonio y ayuda escolar, entre otras prestaciones contributivas y no contributivas.

La movilidad incluida en la Ley 27.160 vincula los aumentos a las jubilaciones a partir de la reforma de 2024 dispuesta por el Ejecutivo libertario, que prevé que los haberes se actualicen mensualmente por el IPC que publica el INDEC de dos meses atrás.

Estas políticas, según precisó Economía, “benefician a más de 4,2 millones de niños” y, junto con la Prestación Alimentar, “buscan garantizar la seguridad alimentaria de las familias con niños de hasta 17 años, mujeres embarazadas o personas con discapacidad que perciban la Asignación Universal por Hijo (AUH)”. En conjunto, la AUH, la AUE y la Prestación Alimentar cubren más del 95% de la canasta básica alimentaria, destacó el Gobierno, elevando la bandera de haber mejorado las prestaciones sociales.

Pese a ello, se prevé la eliminación de la movilidad y no se contempla un mecanismo definido ni una periodicidad mínima para actualizar los beneficios. El cálculo estará a cargo de la ANSES y se estableció la primera aplicación del régimen, que se produjo en marzo de 2016.

De esta manera, el beneficio seguirá existiendo, pero los aumentos dejarían de estar garantizados automáticamente mediante la movilidad previsional y dependerían de las decisiones que adopte el Poder Ejecutivo. Si bien afirman que se mantendría la cobertura cercana al 95% de la canasta básica, la incógnita es la periodicidad y el mecanismo que se utilizarán para la actualización.

El Presupuesto 2027 contempla $14,35 billones para el conjunto de las asignaciones familiares durante 2027. Se trata de un aumento nominal del 22,9% frente a los $11,68 billones estimados para 2026. Pero este crédito no permite conocer los aumentos que recibiría la prestación ni cómo se distribuiría. Cabe destacar que, en los últimos años, hubo grandes polémicas por la ejecución presupuestaria de diferentes partidas.

Entre las previsiones, el Gobierno proyecta que habrá 4.143.930 beneficiarios de la AUH durante 2027, apenas unos 10.520 más que en 2026; mientras que la AUE alcanzaría a 90.724 beneficiarios. La ayuda escolar vinculada con la asignación universal alcanzaría a 3.321.397.