La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional para el jueves 29 de octubre y declaró una jornada de duelo, movilizaciones y acciones públicas en reclamo de justicia por Nancy Godoy, la directora suplente de una escuela rural de Corrientes hallada sin vida tras permanecer desaparecida desde el 7 de octubre.

La medida incluirá protestas, radios abiertas, conferencias de prensa y actos en distintos puntos del país. CTERA reclamó una investigación “exhaustiva, transparente y sin demoras” para determinar las responsabilidades por el crimen.

Godoy tenía 52 años y trabajaba en la Escuela Rural N.º 626 del paraje El Malezal, en el departamento correntino de Esquina. Su cuerpo fue encontrado semisumergido en un viejo potrero de difícil acceso, ubicado a unos 2,5 kilómetros del establecimiento donde daba clases.

La convocatoria sindical fue difundida por CTERA y SUTEBA a través de X. La organización expresó su acompañamiento a la familia de la docente, a la comunidad educativa y a SUTECO, el sindicato de base de Corrientes que había reclamado el esclarecimiento de los hechos.

“Ninguna trabajadora ni ningún trabajador de la educación debe ejercer su tarea sin protección”, sostuvo la entidad. En el mismo pronunciamiento, planteó que el Estado debe garantizar condiciones laborales dignas y seguras, salarios justos y recursos para sostener la educación pública en todo el territorio nacional.

Las organizaciones de base de la confederación mantendrán las asambleas, congresos, elecciones y demás actividades sindicales que ya estaban programadas. Esas instancias se realizarán bajo el reclamo de justicia por Godoy.

La maestra viajaba cada semana desde su vivienda en Esquina hasta la estancia El Curupí, un trayecto de 18 kilómetros. Desde allí debía recorrer a caballo otras dos o tres horas para llegar a la escuela de El Malezal, donde asistían ocho alumnos.

Godoy había elevado en agosto un planteo ante el Consejo General de Educación de Corrientes por el estado del edificio. Denunció bancos deteriorados, paredes descascaradas, baños obstruidos con tierra, libros mojados y basura acumulada.

La directora suplente no podía quedarse a dormir en el establecimiento debido a esas condiciones. Por eso pasaba la noche en la vivienda de Rosa Leguizamón, una baqueana que residía a menos de 200 metros de la escuela y que también la trasladaba a caballo desde el casco de la estancia.

Cinco detenidos y pericias para establecer las circunstancias de la muerte

La última comunicación conocida de Godoy ocurrió el 7 de octubre a las 20:45, cuando le envió un audio a su nuera Alejandra. En ese mensaje describió la falta de agua y el deterioro de la escuela.

Sus hijos denunciaron la desaparición ocho días después, el 15 de octubre. La Fiscalía intervino entonces y el operativo de búsqueda se amplió con cerca de un centenar de policías, drones y dos helicópteros.

La causa tiene cinco detenidos con prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos. Cuatro están imputados por el asesinato: Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí; Leguizamón; su pareja, Nahuel Rojas; y Felipe Dionisio Sandoval, también capataz.

Los tres hombres fueron acusados de femicidio, mientras que Leguizamón enfrenta una imputación por homicidio simple. El quinto detenido, Ernesto Ezequiel Bordón, está acusado de falso testimonio luego de que los investigadores advirtieran contradicciones en sus declaraciones.

Bordón afirmó en una de sus versiones que la docente había sido asesinada y arrojada a un bañado, aunque luego se retractó. Su abogado, Norberto Codazzi, sostuvo que esa declaración fue obtenida bajo presiones y maltratos durante la detención.

Durante un procedimiento en la vivienda de Bordón, los investigadores secuestraron cuatro cuchillos, una camisa y una bombacha de campo con manchas rojizas para someterlas a pericias. En la casa de Leguizamón, en la localidad de Sauce, encontraron una campera negra y dos alpargatas que podrían pertenecer a Godoy.

Zarza, de 34 años, fue señalado como el principal sospechoso. Testimonios incorporados al expediente lo ubicaron en una tapera situada a unos 150 metros de la escuela durante las horas previas a la desaparición, y allí se hallaron prendas quemadas que serán analizadas mediante pruebas de ADN.

Los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González se trasladaron en helicóptero al sitio donde apareció el cuerpo. Mosquera indicó durante una audiencia que la pesquisa no descarta un posible ataque sexual previo: “No descartamos que se pueda tratar de un abuso sexual seguido de femicidio. Es una hipótesis”.

Adán, uno de los hijos de la docente, cuestionó la línea de investigación de la Fiscalía y vinculó la desaparición con denuncias que su madre había formulado sobre presuntas irregularidades en la administración de fondos escolares. “La Fiscalía no se comunicó con nosotros, se cerraron en esa hipótesis y no hay un hecho puntual que la sostenga”, afirmó en declaraciones recogidas por Diario Época. Fuente: Infobae