El Ministerio de Salud Pública de Tucumán emitió una serie de recomendaciones esenciales frente al crecimiento exponencial en la popularidad y el consumo de los análogos de GLP-1, fármacos que imitan la acción de hormonas intestinales y se han convertido en herramientas clave para el abordaje de la obesidad y el control metabólico.

Cristina Du Plessis, jefa del Departamento de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, subrayó que si bien compuestos como la semaglutida y la tirzepatida ofrecen beneficios trascendentales —incluyendo protección cardiovascular y renal—, su uso exige un rigor estricto. "Hay que ser muy responsables en el uso de estos medicamentos porque no son de venta libre o no debieran ser de venta libre", advirtió la especialista, alertando además sobre la preocupante circulación de partidas que ingresan irregularmente desde países vecinos como Paraguay sin los controles sanitarios exigidos.

Evaluación previa, efectos adversos y contraindicaciones

Desde la cartera sanitaria recordaron que antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico para la pérdida de peso es imprescindible una evaluación médica integral y controles periódicos posteriores, desterrando por completo la automedicación.

Entre los efectos secundarios más frecuentes reportados se encuentran:

Náuseas, vómitos y diarrea.

Dolor abdominal y estreñimiento ocasional.

Asimismo, los especialistas recordaron que existen contraindicaciones absolutas y relativas que deben ser evaluadas por profesionales, tales como:

Antecedentes de pancreatitis.

Presencia de cálculos en la vesícula biliar.

Embarazo y periodo de lactancia.

Antecedentes personales o familiares de cáncer medular de tiroides.

El peligro de los productos sin control

Las autoridades sanitarias insistieron en la prohibición de adquirir inyecciones para adelgazar a través de canales informales o que carezcan de la debida autorización de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). El seguimiento médico es el único mecanismo capaz de garantizar la eficacia terapéutica y minimizar los riesgos a la salud pública asociados al consumo de fórmulas falsificadas o adulteradas.