A través de diferentes comunicados, organizaciones como La Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM) y Crisálida, hicieron público sus rechazos a esta nueva embestida de focos derechosos en contra de derechos constitucionales que amparan a la mujer.

El jueves pasado, el legislador José Páez (Democracia Cristiana), el edil capitalino Claudio Viña (Fuerza Republicana) y la concejala de Yerba Buena, Dora Bianco (Bloque por Yerba Buena), junto a representantes de organizaciones que dicen defender la vida, se concentraron en el patio del Museo de la Universidad Nacional de Tucumán (MUNT) con bombos y sirenas para impedir que se dicte un curso a profesionales de la Maternidad sobre el protocolo sobre salud sexual y reproductiva y atención integral a víctimas de violencia sexual. El reclamo arcaico logró su cometido: el seminario fue suspendido.

En otras palabras, el conservadurismo salió a manifestarse en contra de un instrumento legal como es el Programa Nacional de Guía Técnica ara la Atención Integral de los Abortos No Punibles, difundido por el Ministerio de Salud de la Nación.

“Rechazamos y denunciamos públicamente la violencia de los manifestantes que impidieron que el curso pudiera llevarse a cabo, atentando contra el derecho humano a la libre expresión. Actos de violencia como los protagonizados por estos grupos antidemocráticos, nos obliga a estar alertas y a denunciarlos públicamente porque atentan contra los principios más básicos consagrados en la Constitución Nacional”, sostuvieron desde La Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las Mujeres.

“El aborto no punible es una práctica lícita y garantizada hace casi más de un siglo en nuestro país. Recientemente la Corte Suprema de Justicia aclaró los alcances de este derecho. Las víctimas de abuso sexual tienen derecho a no sufrir consecuencias ulteriores al hecho traumático que les tocó vivir. Son sus derechos. Es el deber de todos y todas hacerlos efectivos”, manifestaron desde Crisálida Biblioteca Popular Asociación Civil.

Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en marzo pasado, dispuso la obligación de que se arbitren los medios necesarios para garantizar el acceso al aborto en los casos en los que sea legal. Desconocer este derecho, por ende, es susceptible de ser sancionado por vía penal y administrativa.

La Corte, en su fallo, también exhortó a que se implementen los protocolos hospitalarios. Exactamente los mismos que grupos de derecha (pero no de derechos) impiden que se apliquen en la provincia. Por Esteban Stanich