El allanamiento se produjo en la mañana de este martes, en las oficinas de la Dirección de Producción y Saneamiento Ambiental (Dipsa) de la municipalidad capitalina, bajo la conducción de Miguel Molins.

La causa está en manos del fiscal Washington Navarro Dávila, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de la V Nominación. El que también habría dispuesto allanamientos en los domicilios particulares de los inspectores infieles. Sólo resta determinar el paradero de otro hombre, que habría afectuado el pago en representación de la firma comercial por una deuda en concepto de Ingresos Municipales.

Entre estas tres personas la Justicia deberá establecer la responsabilidad del presunto delito de estafa cometido contra el municipio y una importante distribuidora de productos comerciales.

Al respecto, el intendente de San Miguel de Tucumán, Domingo Amaya, declaró a la prensa que la denuncia nace de "una empresa local en la que se ha determinado que no tenía pagado el impuesto por parte de Ingresos Municipales. Ellos tienen todo registrado pero la plata no entró" (al municipio).

En este marco, el intendente aclaró que "todos los contribuyentes deben pagar en los bancos debidamente autorizados, no pueden ir a ningún otro lado más si los cheques están a la orden o cruzados".

Para Amaya, en este caso "aparentemente hubo empleados de la empresa que inculpan a dos agentes de la Dipsa y el fiscal Washington Navarro está tomando las medidas correspondientes".

Asimismo, informó que "nosotros también nos hemos presentado hoy ante la Justicia, y presentamos la denuncia penal correspondiente".

El jefe comunal apuntó que "es un desfalco a la empresa pero con una maniobra en la que implican al municipio". Sostuvo que "es una estafa muy organizada y la está descubriendo esta empresa con sus abogados y la Justicia".

Amaya insistió: "Ellos pagaron, pero ahora están buscando aquel que pagó mal el cheque para que lo devuelva y está bien eso".