“A mi hija la secuestró una red de trata. Estas personas que están detenidas saben muy bien qué pasó con ella y la Justicia con todas las pruebas en sus manos no hace nada. Quiero saber por qué nadie me dice donde está mi hija”, señaló Ramón Garnica, padre de Daiana.
Para el padre de la joven no caben dudas de que Darío Suárez, el principal sospechoso, y las otras 12 personas que se encuentran investigadas son eslabones de una importante red de trata en la cual estarían involucrados fiscales, jueces y políticos. “Yo ya no les creo nada. Si tienen todo para saber dónde está mi hija, que se dejen de joder y me digan adonde la tengo que ir a buscar”, recalcó.
No obstante, esta no es la hipótesis más fuerte que maneja el fiscal Claudio Bonari. Para el letrado, la adolescente, que fue vista por última vez el domingo 6 de mayo, fue secuestrada y luego asesinada por Suárez, quien habría contado con la colaboración de Juan Matar, dueño de la ladrillera donde trabaja Suárez y Fabián “Sapo” Pacheco, compañero del principal acusado.
Siguiendo esta línea de investigación, la Policía y personal judicial inspeccionó primero la ladrillera de Alderetes donde trabajaba el principal acusado. En las semanas siguientes se allanaron un frigorífico, una fábrica de menudencias y otra de harina que quedan cerca de la cortada. También se realizaron allanamientos y se recogieron elementos en los domicilios de los sospechosos, se dragaron pozos ciegos de las casas de Suárez y de Pacheco, y hasta se utilizaron perros rastreadores para buscarla.
Todas estas tareas fueron cuestionadas por la familia de Daiana quienes apuntan a que fueron medidas para desviar la investigación. “Se trató de un show para desviar la atención. Desde un primer momento no tomaron los mecanismos necesarios para encontrar a Daiana. Mientras ellos realizaban trabajos en la cortadera a Daiana se la estaban llevando por otro lado”, remarcó un allegado de la familia.
Por otro lado, la investigación también fue puesta en duda por la defensa de Suárez, por lo que los 13 procesados podrían recuperar la libertad. El planteo de la defensa surge luego de que el fiscal Bonari ordenara realizar una serie de allanamientos sin la autorización de un juez.
Bonari, si bien confirmó que solicitó el operativo sin la orden de un juez, justificó que lo hizo luego de que las pericias telefónicas arrojarán que una de las imputadas, Victoria Melián, se había comunicado con el juez de Instrucción que subroga el Juzgado de la V° Nominación, Marcelo Mendilaharzu, el día que desapareció Daiana. Aclaró que el juez le pidió a la mujer que se comunicara con su hija. También dejó en claro que el yerno del magistrado se transformó en defensor de la sospechosa, que fue detenida varios días después.
