Distintas organizaciones denunciaron que, de prosperar, la medida sería inconstitucional, porque avanzaría sobre el Código Penal. Ayer Unas 300 mujeres se movilizaron frente a la casa de Tucumán en Buenos Aires para denunciar la iniciativa. Pero, al mismo tiempo, en esta provincia, las presidencia de las comisiones de Familia y Derechos de la Mujer de la legislatura tucumana, desestimaron la viabilidad del proyecto.

La iniciativa había sido presentada por el peronista Marcelo Caponio y fue firmada por 29 de los 49 integrantes de la Legislatura provincial, tanto del PJ como de Cambiemos.

Según el legislador Marcelo Caponio, promovía "la protección integral de los derechos de la mujer embarazada y del niño por nacer con el criterio de , aún cuando la persona gestante haya sido víctima de un abuso sexual".

La lectura que se hizo en distintos medios provinciales y nacionales fue que el proyecto buscaba prohibir los abortos en caso de violación. No es exactamente lo que dice el texto del proyecto, según argumenta su autor. Aunque abriría una puerta para que eso ocurra. Caponio asegura, se busca crear "una serie de garantías estatales tendientes a evitar la interrupción del embarazo". Crearía un servicio de asistencia estatal y jurídica a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad, entre otras medidas.

El proyecto dice "queda absolutamente prohibida la discriminación al niño por nacer gestado por causa de violación". Esto, según advirtieron legisladores entra en conflicto con el artículo 86 del Código Penal, que establece que el aborto no es punible "si el embarazo proviene de una violación".

En este sentido, la iniciativa aclara: "En el ámbito de la provincia, no se reconoce la categoría discriminatoria de 'niños deseados' y 'niños no deseados' por ser contraria a la garantía constitucional de igualdad, y a los Tratados de Derechos Humanos incorporados a la Constitución Nacional".

"El proyecto de ninguna manera establece una prohibición del aborto en casos de violación, ya que este es un acto no punible y así está contemplado en el Código Penal, en contra del cual, como Legislatura provincial, no se puede legislar". Y agregó: "En realidad se apunta a realizar una contención de la mujer que es víctima del abuso sexual desde el Estado, brindándole asistencia integral y toda la información necesaria, que incluya alternativas a la salida del aborto, para que esta decida".

Caponio completó: "Es necesario armonizar los derechos de la mujer embarazada, especialmente los de las víctimas de delitos contra la integridad sexual, con el derecho humano a la vida del niño por nacer y su garantía de igualdad, desde su concepción hasta su mayoría de edad".

"Lo que hay detrás de este proyecto, que saben que jamás podría ser aplicado por su inconstitucionalidad, es el intento de amedrentamiento y confusión a las mujeres y cuerpos gestantes que quieran acceder a un aborto legal por causales. Por eso, no solo repudio el proyecto de ley, sino que la respuesta es más organización para lograr que cada vez más mujeres y cuerpos gestantes puedan acceder a su derecho. Así, logramos la producción pública de misoprostol por ejemplo", planteó Gisela Stablun, médica , integrante de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir y referente de Mala Junta.

Sin tratamiento parlamentario ante la decisión de la comisiones de archivar el proyecto, la iniciativa no llegará al recinto de sesiones y perderá la posibilidad avanzar en lo que resta del año.