La expresidenta Cristina Kirchner solicitó al Tribunal Oral Federal Nro2 la reserva de 67 lugares. En el inicio del primer juicio oral en su contra por delitos de corrupción en la función pública, la ex mandataria quiso estar acompañada por sus custodios más fieles, las personas que más la acompañaron -y la defendieron- en los últimos años.

Ubicados en la primera bandeja de la planta baja se posicionaron ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli; Hebe de Bonafini y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo), los diputados nacionales Eduardo "Wado" De Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque, Cristina Álvarez Rodríguez, Horacio Pietragalla, Fernanda Vallejos y Victoria Montenegro; la titular de Abuelas, Estela de Carlotto y el sindicalista Hugo Yasky.

También los intendentes Verónica Magario (La Matanza), Mario Secco (Ensenada), el periodista Horacio Verbitsky y la ex legisladora porteña, Gabriela Cerruti.

En la sala hay una segunda bandeja, en un primer piso, donde están los periodistas, otros dirigentes como el diputado Rodolfo Tahilade, y el resto de las personas que acudieron al juicio.

A primera hora de la mañana ya se habían hecho presentes en la puertas de los tribunales, entre otros, a Axel Kicillof, Mayra Mendoza, Martín Sabbatella, Mónica Macha, Gabriela Estévez, Carlos Tomada. También los diputados Roberto Salvarezza, Victoria Luana Volnovich, el ex secretario de Seguridad, Sergio Berni, y quien fuera gobernador de Entre Ríos durante los dos mandatos de Cristina Kirchner, Sergio Urribarri.

Otro ex funcionario kirchnerista se encuentraba en la sala, pero como imputado en la causa Vialidad, que investiga el redireccionamiento de la obra pública: el ex minsitro de Planificación Federal, Julio De Vido, que se sentó junto al empresario Lázaro Báez.

El proceso estará a cargo del Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso y Adriana Palliotti como cuarta magistrada. El fiscal será Diego Luciani y habrá dos querellas, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Información Financiera (UIF).

La ex presidenta está acusada de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública. Si es encontrada culpable podría ser condenada a una pena de entre cinco y 16 años de prisión. En cualquier escala, la condena es de cumplimiento efectivo en una prisión pero para que eso se cumpla el veredicto debe ser ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal./infobae.com