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Servicio cívico voluntario: una distracción electoralista con evidentes costos institucionales

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Foto: Imagen tomada de la web. Ampliar
Las dificultades y los fracasos de la política de seguridad nacional parecen no ser suficientes para evitar que el Ministerio de Seguridad avance irresponsablemente también sobre las políticas de educación e inserción laboral de los jóvenes de nuestro país.
El Ministerio de Seguridad de la Nación dio a conocer, ayer, la resolución 598/19, mediante la cual se crea el “Servicio Cívico Voluntario en Valores”. La medida, que será implementada por la Gendarmería Nacional Argentina durante la segunda mitad del año, crea un programa de capacitación dirigido a jóvenes de 16 a 20 años de edad para formarlos en  “valores democráticos y republicanos, fomento del compromiso personal y para con la comunidad, hábitos responsables”, etc. La capacitación pretende impulsar a los que hayan abandonado el secundario para que vuelvan al colegio; y acompañar a los que hayan terminado la educación obligatoria para que encuentren una vocación, asistiéndolos en su vinculación con institutos de formación profesional.

En Argentina, el Ministerio de Seguridad tiene apenas 9 años. La experiencia es corta y la política de seguridad todavía es muy deficitaria, cuando no poco efectiva. Sin embargo, en una decisión eminentemente electoralista, la ministra Patricia Bullrich decidió que los gendarmes son los recursos humanos más idóneos del Estado para trabajar con los jóvenes que no tienen inserción educativa y/o laboral.

Sin dudas, tales objetivos se pueden y se deben promover desde las áreas del Estado encargadas del abordaje integral de la niñez y la adolescencia, hoy debilitadas y vaciadas de contenido (como el programa Envión, que fue desmantelado). Pero no deberían ser motivo de intervención de ninguna fuerza de seguridad. El enfoque adoptado lleva a la “securitización” de las políticas de educación e inclusión social, transformando la prevención del delito en la justificación fáctica de las políticas tendientes, ni más ni menos, que a garantizar los derechos de la infancia.

En materia de seguridad el gobierno nacional sigue apostando por un discurso que simplifica los problemas en extremo: el abordaje de los jóvenes es siempre desde su criminalización, ya sea proponiendo la baja de la edad de imputabilidad o atendiendo a su formación bajo supervisión policial.

Por si esto fuera poco, la medida profundiza la desprofesionalización de las fuerzas de seguridad, y en particular de la Gendarmería, que en nuestro país tiene una función de fuerza de seguridad intermedia, lo que la convierte en un recurso de difícil formación y de difícil reemplazo. Sin embargo, el gobierno nacional está poniendo en evidencia su mala utilización, en actividades que se denominan de “cooperación con la comunidad” y que incluyen el “transporte de contingentes escolares”, la asistencia sanitaria y gastronómica, el reparto de donaciones y el “servicio de bandas (musicales para) eventos”, tal como se menciona en los considerandos de la mencionada resolución. Es importante que la sociedad tenga en claro: gendarmes ocupándose de una pretendida “formación en valores” de los jóvenes, son gendarmes que no se están ocupando de su propia formación ni de la tarea institucional que les compete.

La prioridad que el gobierno dice darle a la seguridad es una farsa si a las fuerzas de seguridad se las coloca en una función que pueden cumplir otros mucho mejor. Lamentablemente, se trata de un anuncio más de los tantos que el Ministerio de Seguridad ha realizado en los últimos tiempos, mediante los cuales se pretenden generar debates ficticios para correr la atención sobre lo que no se hace, acumulando retrocesos institucionales que llevarán mucho tiempo desandar y que acentúan la tendencia autoritaria de las políticas de seguridad. Las fuerzas de seguridad aún deben atravesar un proceso de reforma que democratice su organización y funcionamiento, mal podrían ser entonces quienes se encarguen de formar a los jóvenes en valores democráticos y republicanos.

La conducción de la política de seguridad exige pericia y responsabilidad, dos atributos que esta gestión subordina peligrosamente por afán oportunista y electoral. http://www.ilsed.org