El gobierno de Brasil está avanzando con planes para permitir la minería en las reservas indígenas de la selva tropical amazónica y enviará un proyecto de ley al Congreso a fines de este mes para regular la actividad, según el ministro de Minas y Energía del país. La constitución brasileña permite la extracción de materias primas de las reservas, pero la falta de regulación ha resultado en una minería generalizada en toda la región, dijo Bento Albuquerque, almirante de la Marina, a Bloomberg News en una entrevista en Brasilia.

“La mayoría de las 600 comunidades indígenas quieren esto”, dijo, y agregó que serían compensadas por la explotación económica de sus tierras. “Nada es más perjudicial para el medio ambiente que la actividad ilegal”.

El ministro se reunió el jueves con 12 embajadores europeos para discutir la propuesta, que probablemente encontrará una fuerte resistencia de grupos ambientalistas.

El gobierno brasileño se ha enfrentado repetidamente con líderes europeos preocupados por las políticas del presidente Jair Bolsonaro hacia la Amazonía, y algunos legisladores de la Unión Europea han amenazado con bloquear un acuerdo comercial con Mercosur, la unión aduanera sudamericana, por el asunto.

Brasil tiene más de 800 minas irregulares en la Amazonía, dijo el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, en entrevistas el año pasado. La Red de Información Socioambiental Georreferenciada del Amazonas, una ONG, pone el número en 453, con más de 2.500 minas distribuidas en los nueve países que conforman la región amazónica. Código minero Albuquerque también dijo que no había necesidad de alterar el código minero de Brasil, a pesar del colapso desastroso de dos presas de relaves de propiedad total o parcial de Vale en los últimos cinco años.

“Lo que sucedió en Brumadinho y Mariana no se puede generalizar para toda la actividad minera en el país”, dijo. “Brasil tiene el código legal más actual del mundo y cambiarlo no cambiará el pasado”. El ministro también dijo que el gobierno quiere que el Congreso apruebe la privatización de Eletrobras, la compañía eléctrica estatal, en la primera mitad de este año para venderla en la segunda mitad.

El gobierno está dispuesto a considerar algunas concesiones para facilitar la venta de la compañía, ya que hay algunas resistencia entre los legisladores. PERFIL