Como es sabido, el orden constitucional boliviano fue interrumpido en noviembre de 2019, luego de semanas de violentas protestas en todo el país en contra de la reelección de Evo Morales, quien debió presentar su renuncia tras perder el apoyo de las fuerzas armadas y la policía, y de ser expuesto a diversas presiones nacionales e internacionales.
Desde entonces se ha registrado una persecución constante contra dirigentes políticos y sindicales, y también contra periodistas y comunicadores.
La violencia contra periodistas y la prensa, se acrecienta. Es ineludible referirnos especialmente a la situación de los medios comunitarios, en muchos casos representativos de colectividades indígenas o de organizaciones de base que, al mantener su autonomía editorial, se están viendo lisa y llanamente atacados por autoridades estatales o paraestatales. Es el caso de la Radio Kawsachun Coca, a quien le secuestraron el transmisor de su repetidora y luego le incendiaron parte de sus oficinas de trabajo. O, peor aún, el paradigmático atropello a Radio Comunidad, dependiente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), que incluyó la toma de rehén de su Director, José Aramayo.
Otro tanto ocurre con los medios públicos, que se vieron inmediatamente cooptados por el gobierno autoproclamado Nos referimos a los resonantes ejemplos de Bolivia TV y de la radioemisora Red Patria Nueva. En ambos casos, muchos de sus trabajadores y trabajadoras fueron despojados de manera violenta por grupos opositores, vulnerados primero y luego forzados a renunciar a sus respectivos puestos de trabajo. Si bien no acusaron responder directamente al gobierno, la posterior inacción ministerial, podría ser un indicador sobre la procedencia de estos grupos.
Desde que la ruptura institucional ha sido consumada, el gobierno autoproclamado reporta como interlocutores válidos sólo a quienes reproducen sus directivas políticas. Embarcado en esta lógica, ha llegado al extremo de borrar del aire a cadenas latinoamericanas como Telesur o al canal de televisión internacional ruso, RT
Dada esta situación de persecución y violencia contra periodistas y medios de comunicación, la Federación Internacional de Periodistas y la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe reafirman que la libertad de expresión y pensamiento no son ni pueden ser sinónimo de terrorismo y sedición, sino que conforman un derecho humano fundamental que como tal debe ser garantizado siempre por los distintos gobiernos.
