El Ministerio Público Fiscal (MPF) presentó un acuerdo de juicio abreviado, en cuya sentencia la imputada también ofreció un resarcimiento de $ 8 millones. La Unidad Fiscal Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, al mando de Diego Hevia, convocó a una audiencia que se desarrolló este lunes 15 de diciembre con motivo de presentar formalmente un convenio de juicio abreviado firmado conjuntamente con la acusada, Silvana Gabriela González (39), y su defensa técnica.

De acuerdo a la teoría del caso, la mujer simuló la condición de abogada, profesión de la que carece de título habilitante ni autorización colegiada, utilizó una matrícula perteneciente a una letrada homónima (también usó el nombre de otra profesional) y, bajo esa puesta en escena, engañó a diferentes personas mediante asesoramiento jurídico –incluso citándolas en su supuesto estudio jurídico ubicado en calle Congreso entre Lamadrid y Lavalle, en la capital–, entregándoles copias de escritos, cédulas y decretos judiciales previamente falsificados por ella, recibiendo por parte de las víctimas el pago de importantes sumas de dinero.

En total, a González (que estudió la carrera de Derecho hasta 3º año) se le imputaron ocho hechos. Uno de ellos, como autora de la amenaza de bomba al Palacio de Tribunales, situado en pasaje Vélez Sarsfield 451, durante la mañana del 17 de junio de 2025.

Gravedad de los hechos

“Estamos ante hechos graves que se cometieron a lo largo de muchos años, con multiplicidad de víctimas, donde se puso en peligro no sólo la confianza general, la fe pública y la seguridad en el tráfico jurídico, sino también la confianza de los ciudadanos en las instituciones”, expresó la auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás, quien se encargó de exponer el acuerdo.

En ese sentido, agregó: “La imputada simuló intervenir en causas laborales, penales, civiles, de familia, con el consecuente riesgo de prescripción y pérdida de derechos laborales, alimentarios y de accionar de las víctimas. Con su accionar, se produjo una doble afectación, patrimonial e institucional. El daño trasciende el perjuicio económico individual de las víctimas de los delitos de estafa, atento que además existe un grave daño institucional como consecuencia de la intimidación pública y una lesión a la fe pública provocada por la falsificación de instrumentos judiciales”.

La condena Briz

Tomás indicó que las partes pactaron que González sea sentenciada a la pena de cinco años de prisión de cumplimiento efectivo. Fue hallada autora material y penalmente responsable de los delitos de estafa por calidad simulada y falsos títulos, usurpación de títulos y honores, falsificación de instrumentos públicos e intimidación pública.

A su vez, la condenada ofreció una reparación económica de $ 8.000.000, que serán distribuidos entre las víctimas.

Finalmente, y luego de un cuarto intermedio para analizar, la jueza interviniente resolvió declarar admisible y en consecuencia aceptar el acuerdo pleno de juicio abreviado, ordenando el inmediato alojamiento de González en la unidad penitenciaria correspondiente.

Asimismo, decretó la firmeza de la sentencia, ya que las partes renunciaron a presentar recursos de impugnación./MPF