La polémica en torno a los viajes de Manuel Adorni devino después en revelaciones en torno a sus propiedades y patrimonio, todo lo cual dejó una marca profunda en la opinión pública. Según una encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba, una amplia mayoría de los argentinos no sólo está al tanto de las denuncias por presunta corrupción, sino que considera insuficiente la respuesta oficial y reclama explicaciones claras por parte del vocero presidencial.

El relevamiento, realizado entre el 30 de marzo y el 1 de abril sobre 1.200 casos a nivel nacional, muestra que el conocimiento del tema es alto: el 86,9% de los consultados escuchó o leyó algo sobre el caso. De ese total, un 36,9% dice estar “bastante” informado y otro 35,1% señala que conoce “algo” de la denuncia. Apenas un 14,9% afirma no haber escuchado nada.

Ese nivel de visibilidad se traduce en un fuerte impacto negativo sobre la imagen del funcionario. El 66% tiene una imagen negativa de Adorni, mientras que sólo el 21,5% mantiene una opinión positiva. El resto se reparte entre quienes no saben qué opinar (6,6%) o directamente no lo conocen (5,9%). En la comparación histórica que incluye mediciones desde enero de 2024, la imagen negativa alcanza su pico más alto y consolida una tendencia desfavorable.

La demanda de explicaciones aparece como casi unánime. Ante la pregunta sobre si Adorni, en su condición de funcionario público, debe explicar cómo paga sus viajes, el 77,9% respondió afirmativamente. Apenas un 8% considera que no tiene obligación de hacerlo, mientras que el 14,1% no tomó posición.

El juicio social va aún más lejos. Siete de cada diez encuestados (70,4%) están de acuerdo con la frase “Adorni debería renunciar”, frente a un 18,2% que rechaza esa idea y un 11,4% que no sabe. El dato refleja que el costo político del episodio no se limita a la imagen, sino que pone en cuestión la continuidad del funcionario.

La encuesta también indaga sobre la estrategia de defensa adoptada por Adorni y el Gobierno. Para el 70,2%, la respuesta oficial fue una maniobra para “tapar, distraer y/o demorar el tema, esperando que la población se olvide”. Sólo el 15,3% la consideró una defensa transparente y correcta, mientras que el 14,5% no supo evaluar la situación.

Al poner a los encuestados en el rol de asesores, la opción más elegida fue “mostrar documentos y comprobantes públicamente”, con el 31,6% de las respuestas. Le siguen “dar un paso al costado hasta que se aclare” (17,5%) y “responder todas las preguntas sin confrontar” (15,9%). En cambio, fueron minoritarias las alternativas de no responder por tratarse de un tema privado o dejar todo en manos de la justicia.

Con un margen de error de ±3,1% y un nivel de confianza del 95%, el estudio confirma que el denominado “Adorni Gate” no es un episodio marginal. Para una porción mayoritaria de la sociedad, la combinación de denuncias, explicaciones consideradas insuficientes y una imagen pública deteriorada conforma un escenario que exige decisiones políticas de mayor alcance.