La Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) resolvió hoy confirmar un fallo de la Sala III de la Cámara Penal, dictado el 25 de febrero de 2019, en el marco de la causa que investiga el crimen de la estudiante Paulina Lebbos y las maniobras que realizaron funcionarios públicos para garantizar su encubrimiento.

El fallo firmado por Claudia Sbdar (presidenta de la CSJT), Stella Maris Arce y Wendy Kassar, que se dio a conocer este martes, deja firmes las sentencias dictadas en el marco de aquel debate oral y público en el que fueron condenados 4 ex funcionarios del gobierno de José Alperovich: el ex secretario de Seguridad Ciudadana, Eduardo Di Lella -6 años de prisión-; el ex jefe de Policía, Hugo Sánchez -6 años de prisión-; el ex subjefe de la fuerza, Nicolás Barrera -5 años y 6 meses de prisión- y el ex subjefe de la Regional Norte, Héctor Rubén Brito -5 años de prisión; a ellos se sumó además el policía retirado Hugo Waldino Rodríguez - tres años de prisión condicional-.

La sentencia del máximo tribunal no evita la prescripción de la causa, que se concretará al cierre de esta semana. No obstante, abre la posibilidad de que el Ministerio Público Fiscal (MPF) investigue a exfuncionarios, expolicías, barrabravas, amigos y conocidos de la víctima.

También dispone la posibilidad de que se investigue al exgobernador Alperovich y al actual subsecretario de Seguridad, José Ardiles, por haber aceptado en el año 2010 el ascenso del excomisario Enrique García, cuando ya estaba imputado por irregularidades en el caso Lebbos. En el primer juicio realizado por el caso en 2013, García fue condenado a 5 años de prisión por el encubrimiento del crimen de Paulina, al determinarse que fraguó actas de la declaración de un testigo y del hallazgo del cadáver.

Por la posible comisión del delito de encubrimiento podrían ser investigados los comisarios José Díaz y Francisco Picón, quienes fueran jefe y subjefe de policía de Juan Manzur -renunciaron tras la sentencia en contra de los exfuncionarios alperovichistas-; Rodolfo Maruf, exjefe de la brigada policial D2; el perito policial Fernando Vázquez Carranza; Virginia y Jimena Mercado, amigas de la víctima; Lilia Moyano, ex Jefa del Laboratorio de Toxicología de la Policía de Tucumán; Juan Pedro Cruzado, el remisero que llevó a Paulina en la noche de su muerte; Héctor Gustavo González, barra brava de Atlético Tucumán; el conocido empresario Rubén Urueña; y Alejandro José Aramayo.

Por la “posible comisión o intervención en la privación ilegítima de la libertad seguida de muerte de Paulina Alejandra Lebbos”, deberían ser investigados -según resolvió la Corte- Sergio Kaleñuk, el hijo del ex secretario privado de José Alperovich, Alberto Kaleñuk, quien ya había sido mencionado en la hipótesis de los "hijos del poder"; la ex pareja de la víctima, César Soto, y Esteban Gómez, hermano del primer sospechoso del crimen -fue sobreseído en 2019-.

Esta posibilidad caduca el viernes, cuando se cumplan 15 años del crimen y la causa prescriba por el paso del tiempo. La única posibilidad que resta para evitar la prescripción es que el MPF encuentre en 72 horas pruebas en contra de los sospechosos para imputarlos por el crimen, una posibilidad muy poco factible.