El kirchnerismo en el Senado de la Nación mantiene inalterable su agenda, y en ese listado de temas el eje principal es la Justicia. Tanto es así que empezó a discutir un plan “B” para ampliar la Corte Suprema en caso de que no logre el consenso necesario para votar los proyectos que ya se están discutiendo.
A la espera del arribo de la iniciativa promovida por el presidente Alberto Fernández para integrar el tribunal con 25 miembros, el oficialismo habilitó el debate en la Comisión de Asuntos Constitucionales para modificar la ley 25432, que regula las consultas populares vinculantes y no vinculantes a través de dos proyectos de ley, uno del senador Oscar Parrilli y otro de la senadora Juliana Di Tullio.
La intención de los legisladores del bloque Unidad Ciudadana es modificar la norma para que se pueda convocar a una consulta popular en simultáneo a las elecciones, algo que actualmente la ley prohíbe.
La modificación le aseguraría una gran afluencia a la consulta por la obligatoriedad del voto.
Uno de los argumentos que se esboza es que las complicaciones logísticas que implican llevar adelante una consulta popular, desde la campaña hasta el voto y su posterior escrutinio, hizo que desde 1994 -cuando se reglamentó esta ley- nunca se haya hecho una votación de este tipo. Ahora, al “pegarlo” a una elección presidencial, se resolverían muchas de las trabas.
De los dos proyectos que hoy se comenzaron a debatir, el del senador patagónico es el que más flexibiliza la norma porque propone que se puede llamar a una consulta vinculante con mayoría simple en ambas cámaras. Además, amplía la cantidad de temas que pueden ser sometidos a la posibilidad de una consulta popular vinculante con excepción a reformas a la Constitución, Tributaria, Presupuestaria, Penal o Tratados Internacionales.
La última -y única- vez que se llevó adelante una consulta popular fue en 1984 en el gobierno de Raúl Alfonsín. Se realizó un plebiscito nacional no vinculante el domingo 25 de noviembre con el fin de que la población vote por el Sí o el No al Tratado de Paz y Amistad firmado con Chile para resolver el Conflicto del Beagle, luego de la mediación de la Santa Sede.