Personal de Gendarmería Nacional realizó este jueves un operativo de allanamiento en un departamento de 25 de Mayo al 300 donde, según denunciaron ante la Justicia Federal, funcionaría un prostíbulo. Al ingresar al lugar, encontraron a una joven que se presume -según la denuncia- es víctima de trata de personas con fines de explotación sexual y que ya fue puesta en custodia de la Fundación María de los Ángeles.

La orden de allanamiento partió desde el despacho del Dr. Sebastián Diego Argibay, Juez Federal que subroga el Juzgado Federal N° I de Tucumán, en respuesta a la denuncia presentada por la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia.

Según se pudo conocer, como resultado del operativo, se incautó numeroso material y se habría detenido a una pareja, a quienes se acusa por explotación sexual.

En medio del allanamiento se presentó la propietaria del departamento, Graciela Maraz, quien explicó que alquiló el departamento en junio pasado y que desde entonces recibe quejas de los vecinos por varios hechos irregulares, motivo por el cual -sostuvo- pretendía iniciar acciones civiles y penales para que los inquilinos desalojen la propiedad.

A mediados de julio, Susana Trimarco había afirmado públicamente que en aquel departamento estaría funcionando un prostíbulo. En esa oportunidad, también manifestó que un funcionario judicial habría demorado intencionalmente la realización de allanamientos para proteger a los involucrados. “A raíz de varias denuncias recibidas fuimos a entrevistarnos con varios vecinos y mientras hacíamos eso vimos que se estaba produciendo lo que los testigos nos estaban manifestando”, sostuvo en su momento.

“Los vecinos cuentan que a la mañana entran 30 tipos, a la tarde 40 tipos ¿Tanta familia tiene? A la noche dicen que tienen que subir el volumen de la tele para no escuchar el llanto de una mujer, los chicos hacen preguntas sobre el tema”, había relatado Trimarco.

Luego de darse a conocer públicamente el hecho, desde la Justicia reconocieron que había una causa abierta, pero explicaron que no se ordenaron los allanamientos por la feria judicial y porque no se había recibido ninguna petición desde la PROTEX. Finalmente, este jueves, se llevaron a cabo las medidas solicitadas por el gobierno provincial y la Fundación de Trimarco.