La sesión de interpelación a funcionarios por el caso $LIBRA en la Cámara de Diputados arrancó con una fuerte discusión reglamentaria, a raíz de la ausencia de los ministros Luis Caputo (Economía) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia). La discusión se dio a raiz de las diferentes posturas sobre como proceder ante una situación que no tiene precedentes: la desobediencia de funcionarios al artículo 71 de la Constitución Nacional, que le confiere al Congreso la atribución de interpelar a los ministros del Poder Ejecutivo. Tampoco asistió -se sabía de antemano sus intenciones de no concurrir- el titular de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva, aunque su situación es distinta porque no tiene rango ministerial.

Al inicio de la sesión y antes de la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario Parlamentario, Adrián Pagán, leyó las notas enviadas por Caputo, quien argumentó “cuestiones de agenda impostergables” y dijo que el Ministerio a su cargo “no ha tenido vinculación alguna con las cuestiones relativas al criptoactivo $LIBRA”, al tiempo que manifestó su “disposición” a informar por escrito; y la de Cúneo Libarona, que justificó “compromisos urgentes asumidos previamente”.

Dichas justificaciones desencadenaron un tendal de cuestionamientos hacia el Gobierno, tanto por los argumentos esgrimidos, como por el hecho de que se hayan expresado en escritos bastantes escuetos, que no se detallara los "compromisos" de agenda que evitaron que puedan concurrir y que no se haya solicitado, por parte de los ministros, una postergación de la citación para adecuar sus agendas.

Para los diputados de la oposición, la actitud de Caputo y Cúneo Libarona es una manifiesta "falta de respeto al pueblo argentino", atento a lo cual deslizaron la posibilidad de iniciar un juicio político por incumplimiento de funciones. Antes, se decidió volver a citarlos para darles una nueva oportunidad de que comparezcan ante los representantes de los argentinos. La idea es confirmar que la intención de los ministros es no concurrir ni dar explicaciones al Congreso y que la justificación por motivos de agenda no es más que una excusa para tal fin.

En este sentido, y tras la exposición de Francos, la Cámara votó una moción propuesta desde Unión por la Patria para pasar a un cuarto intermedio para el próximo 13 de mayo a las 14. La propuesta tuvo el respaldo de varios sectores de la oposición, algunos de los cuales incluso habían sugerido medidas más rigurosas. 

Por ejemplo, el diputado de Democracia para Siempre, Fernando Carbajal, tras señalar que se trata de "un hecho de extrema gravedad”, propuso una moción de censura (expulsión) en contra de Guillermo Francos. “Aparentemente el señor jefe de Gabinete no tiene la autoridad política suficiente para asegurar que los ministros del Poder Ejecutivo cumplan con sus obligaciones constitucionales y legales”, cargó y agregó: “La obligación de comparecer que tienen los ministros está establecida en un artículo expreso de la Constitución Nacional y el incumplimiento de la Constitución es una falta de ética grave”.

Así, el radical pidió que “se trate un voto de censura al señor jefe de Gabinete en los términos del artículo 101 de la Constitución Nacional. Este Congreso no puede dejar pasar en silencio que dos ministros, sin siquiera intentar algún nivel de justificación, puedan querer inasistir frente a un pedido de interpelación para venir a explicar hechos que son de extrema gravedad”. Su pedido no se votó en ningún momento.

Durante su exposición, Francos dejó sentado que la postura del Gobierno para justificar las ausencias de Caputo y Libarona a la interpelación es que no es una obligación de los ministros acudir a una citación del Congreso. “Cuando se cita por el art. 71 de la Constitución, el jefe de Gabinete y los ministros no tienen obligación de venir”, sostuvo, lo que pone de manifiesto que los funcionarios podrían volver a pegar el faltazo.

Luego de numerosas intervenciones de diputados de todos los bloques, fue el jefe de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, quien puso paños fríos al asunto, permitiendo que se desarrolle la presentación de Francos, que ya se había demorado casi dos horas en iniciar. El dialoguista recordó que este miércoles debería comenzar a funcionar la comisión investigadora del caso $LIBRA y que su reglamento interno le confiere la facultad de citar a cualquier testigo, incluso con la fuerza pública en caso de reticencia a asistir. No obstante, la oposición más dura teme que esa comisión nunca comience a operar por las trabas que pretenden el oficialismo y sus aliados, los cuales tienen número para empardar cualquier votación e impedir que se conforme oficialmente.

Qué sanciones pueden aplicarse a los ministros "rebeldes"

Como la Constitución no contempla ninguna penalización y no existe tampoco ninguna ley especial que deje sentada sanción alguna, Caputo y Libarona podrían quedar librados de cualquier culpa. Sin embargo, lo que si se reconoce -y será seguramente la carta que jugará la oposición más dura- es que la interpelación a los funcionarios que tienen a su cargo "el despacho de los negocios de la Nación" forma parte esencial del sistema de contrapesos que establece nuestro sistema republicano. En ese sentido, las ausencias sí pueden ser causales de acusaciones de incumplimiento de los deberes de funcionario público, motivo de un pedido de juicio político.

La tramitación de ese proceso debe iniciarse en la comisión pertinente de la Cámara de Diputados, a quien la Constitución le reserva la atribución de acusar a los ministros, al presidente y su vice y a los jueces de la Corte Suprema de Justicia. Dicha comisión aún no entró en funcionamiento desde el recambio de diciembre del 2023. La frustada elección de autoridades (Martín Menem no reconoce a Marcela Pagano como titular de ese cuerpo) paralizó sus funciones durante todo el 2024 y lo que va del 2025. Allí aguardan las múltiples presentaciones en contra del presidente Javier Milei, por lo que es de esperarse que el oficialismo intente obstaculizar lo máximo posible su conformación para no correr riesgos.

Pero de activarse esa comisión, y en caso de tener una mayoría dispuesta a admitir una evaluación de la conducta de Caputo y Libarona (se necesitan 16 firmas sobre 31), serían habilitadas audiencias con testigos y pedidos de documentación, lo que le permitiría a la oposición mantener en agenda el caso $LIBRA durante todo el año.

La oposición cuenta, entonces, con dos posibles vías para insistir con el caso $LIBRA y obligar a los funcionarios rebeldes a concurrir a brindar explicaciones: comisión investigadora y de juicio político. El oficialismo enfrentará semanas difíciles y necesitará de sus aliados más que nunca para evitar que el escándalo por el criptogate siga escalando. Sin embargo, de conseguir los números necesarios, podría evitar que cualquiera de las comisiones realicen su trabajo y bloquear cualquier intento de los detractores al Gobierno por avanzar en una investigación que erosione la imagen del presidente.