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Ante la incertidumbre, docentes aceptan congelar salarios hasta febrero

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Firma del último acuerdo salarial, septiembre 2023. Imagen de archivo. Ampliar
“Preocupa la situación de aparente ajuste que vendría con el presidente electo, Javier Milei”, señaló en Radio Prensa el secretario general de ATEP, Hugo Brito. El sindicalista confirmó que se decidió aceptar la oferta del gobierno, que extiende los $40 mil no remunerativos que ya recibieron en noviembre hasta enero.
El Congreso de ATEP resolvió aceptar el ofrecimiento del gobierno provincial, que consiste en extender por dos meses más los $40 mil no remunerativos que ya recibieron con los salarios de noviembre, además de un incentivo de $15 mil para los docentes con dos cargos. Dichas cifras servirán de base para la discusión que inicia en febrero, previo al arranque del ciclo lectivo 2024.

De este modo, el gremio mayoritario pone fin a las negociaciones salariales hasta el año que viene, cuando esperan tener mayores certezas sobre lo que ocurrirá con la economía y sobre las políticas educativas del gobierno nacional que asume el 10 de diciembre. Se conforman, por ahora, con que no haya recortes de personal y con el pago en tiempo y forma de los salarios.

“Hemos privilegiado que haya certidumbre y el gobernador nos ha asegurado que existen los fondos para abonar los sueldos. En febrero nos volveremos a reunir, quizás con un panorama más claro”, señaló Brito en conversación con el programa Quien quiere oír que oiga.

La decisión de no insistir, medidas de fuerza mediante, en una suba al básico responde a la incertidumbre que generaron los anuncios del presidente electo, Javier Milei, que desde que ganó el balotaje se le pegó la muletilla “no hay plata”, para responder a todas las preguntas acerca de las decisiones que adoptará tras hacerse cargo de la presidencia. Todo hace prever que el ajuste prometido por el libertario recaería sobre todas las áreas. Además, la mirada del gobierno entrante en contra de la educación pública genera dudas sobre que ocurrirá con los fondos nacionales que complementan el salario, fundamentalmente el Incentivo Docente (FONID).

En el último acuerdo salarial, alcanzado en septiembre, los gremios docentes se anotaron como un triunfo lograr que se excluya del salario inicial los montos que envía nación en concepto de FONID, que al día de hoy alcanza los $28.700. Sumando ese ítem y los $40 mil no remunerativos que la Provincia pagará hasta enero, un docente de jornada simple que recién se inicia cobra en Tucumán $288 mil.

En este sentido, Brito señaló que preocupa no saber qué pasará con el incentivo una vez que asuma Milei. Otro tema que le desvela es que tampoco está garantizada la continuidad de la paritaria federal, una herramienta que permite poner paridad entre los docentes de todas las provincias. La experiencia del gobierno de Mauricio Macri, cuando se suspendió la paritaria, arrojó una creciente desigualdad entre los educadores de las diferentes regiones.

“La derecha siempre te dice que el pueblo no va a pagar el ajuste y siempre es el pueblo el que termina pagando el ajuste. Fíjense que los muertos siempre están de este lado, del lado de los trabajadores. No queremos vivir lo que ya hemos vivido. Acá hay responsables, hay quienes han provocado la crisis y son los que hoy vuelven a tomar el poder”, expresó Brito en alusión a los exfuncionarios de Carlos Menem y Macri, que asumirán junto a Milei el 10 de diciembre.

“Es probable que tengamos que salir a las calles a discutir, no aumentos salariales, sino para que no nos quiten derechos que hemos conseguido. Puede haber un panorama bastante complicado, porque vemos que vienen atacando a las organizaciones sindicales, que son el foco de resistencia para las políticas de ajuste que han pergeñado y que van en contra de todos los trabajadores”, agregó.

El fin de las adscripciones

Consultado sobre la decisión del gobierno local de poner fin a todas las adscripciones, Brito aclaró que entienden la decisión de Jaldo, pero que les preocupa la situación de los reemplazantes que se quedarán sin funciones cuando los titulares vuelvan a su cargo a partir del 1 de enero.

“Hay muchos adscriptos que dejó el gobierno anterior. Nosotros no tuvimos buenas relaciones con Juan Pablo Lichtmajer porque se dedicaba a hacer política en lugar de dedicarse al sistema educativo y hoy vemos las consecuencias. Tenemos un sistema superpoblado, en donde  el 20% del presupuesto educativo se gasta en adscripciones”, señaló.

Y si bien considero que es una figura que “tiene un sentido, que es cubrir determinadas funciones que son necesarias, lo que sucede es que hubo un exceso, de tal manera que no se conocen las funciones de muchos de los que están adscriptos. La ministra está analizando caso por caso y a partir de enero, aquellos que no puedan justificar, será dados de baja”, sentenció.