Esta decisión, que fue oficializada en el Boletín Oficial mediante varias resoluciones, busca simplificar la regulación económica, pero también genera debate sobre sus posibles implicancias.

Entre las normas eliminadas se encuentran las que regulaban precios en sectores como la carne vacuna, los lácteos, así como en comercios, supermercados, farmacias y servicios de comunicación. Además, se derogaron disposiciones que afectaban a los neumáticos y otros productos. Según la Secretaría de Industria y Comercio, esta medida responde a la necesidad de reducir los costos de transacción y de eliminar regulaciones que no habrían tenido los resultados esperados.
Razones detrás de la derogación

Según las autoridades, las normativas derogadas habrían afectado el flujo comercial y elevado los costos de varios productos, además de generar un gasto innecesario de recursos humanos y materiales. En los considerandos de la resolución, el Ejecutivo explicó que muchas de estas regulaciones ya no eran efectivas en el contexto actual de la economía y, en lugar de generar beneficios, incrementaban los costos para los proveedores y consumidores.

El Ministerio de Economía también destacó la importancia de "simplificar los procesos productivos" y "eliminar las trabas al comercio" que, según argumentan, no hacían más que incrementar los precios de los bienes y servicios.
Continuidad de la política desreguladora

Esta medida se inscribe dentro de un enfoque más amplio de desburocratización y desregulación impulsado por el gobierno de Javier Milei, que ha buscado reducir la intervención del Estado en diversos sectores de la economía. Desde el inicio de su gestión, ya se han eliminado 107 normativas, muchas de ellas relacionadas con el comercio exterior, como las licencias de importación y el sistema de verificación aduanera.

Sin embargo, algunas de estas decisiones han generado preocupación en distintos sectores, que advierten que la eliminación de ciertos controles podría afectar la transparencia y la protección de los consumidores. El reciente aumento en los límites para importaciones courier, por ejemplo, que permite envíos de hasta 3.000 dólares sin aranceles para productos de uso personal, también ha generado críticas por su posible impacto en el mercado interno.